No pasa un día sin que nos enteremos de algún nuevo
chanchullo en torno a las cuentas del partido que gobierna la mayor parte de
las administraciones de este país. Ayer, por ejemplo supimos que también los
cargos del partido en la Asamblea de la Comunidad de Madrid han estado cobrando
desde hace años diversas cantidades que rondan los dos mil euros mensuales
"para gastos de representación", por un importe total que podría
superar los doscientos mil. Todo un dinerito que, lo subrayo, marca la diferencia
entre los diputados del Partido Popular y los de otros partidos que, por
ejemplo, tienen sus sedes a punto de ser embargadas.
Casi simultáneamente aparecía en los kioscos el semanario
Interviú con un reportaje en el que se desvela que muchas de las sedes del PP
en la provincia de Alicante no figuran a nombre del partido, sino al de
diversas asociaciones de nombres dispares, todas sin ánimo de lucro que, no
sólo eluden la fiscalización del Tribunal de Cuentas, sino que reciben jugosas
subvenciones de los ayuntamientos de los municipios en los que están
enclavadas, con lo que se da la feliz circunstancia de que algunos alcaldes ayudan
a financiar con el dinero de todos los vecinos las infraestructuras del
partido que les ha llevado a la alcaldía. Una curiosa táctica que la Sexta ha
encontrado en otros puntos del país y que demuestra lo que se estrujan el
cerebro estos tipos cuando se trata, no de trabajar por el bien común, sino de
hacerlo por su maquinaria electoral.
Llevamos décadas sospechando que algo huele a podrido en las
cuentas de los partidos políticos, especialmente en las del partido de la calle
Génova. Allá a finales de los ochenta estuvimos a punto de sacar la
madeja tirando del hilo que el juez Manglano encontró por casualidad cuando, en
unas escuchas ordenadas a propósito de un caso de narcotráfico, aparecieron
conversaciones que revelaban la existencia de una trama de financiación ilegal
con cobros de comisiones a constructoras, se suponía que a cambio de
adjudicaciones de obras y contratas.
Aquello no fue a más, gracias a la inexperiencia de aquel
juez voluntarioso que cometió demasiados errores en la instrucción del caso y a
la maquinaria legal que puso en marcha el partido de la derecha, pillado
con las manos en la masa, gracias a las conversaciones de, entre otras, un
prepotente alcalde de Benidorm apellidado Zaplana. Aquello se anuló y tuvimos
que asistir a la paradójica salida legal de tener que olvidar todo lo que
habíamos escuchado sobre los tejemanejes de dragones y primos.
Hubo cambio de líder, Antonio Hernández Mancha, que fue
devorado por sus compañeros y por las circunstancias, y llegó Josemari que
tomó el relevo en el liderazgo de un Manuel Fraga, acosado por las sospechas de
que aquella trama se había urdido en su entorno, a la vez que nada
apetecible para la mayor parte del electorado que, salvo pare el de
su Galicia natal, como más tarde se vería.
Después de aquello hubo refundación del PP, ya lo creo que
la hubo. Se cambió de líder, se cambió de imagen y se cambió también de
"recaudadores". Lo que no se cambió fue la enorme necesidad de fondos
necesarios para mover la pesada maquinaria de un partido que, a imagen y
semejanza de los de sus modelos Reagan y Tatcher, tenía que pagar toda una
legión de asesores, a la vez que alimentar el verbo de sus corifeos.
No sé cuánto habrá que esperar para ver que con fondos
legales no es posible pagar una estructura como la del Partido Popular.
No sé si alguna vez lo sabremos. Lo que sí sé es que es intolerable que,
mientras dos de cada tres jóvenes españoles están en paro y soportamos un paro
del 27% de nuestra población activa, haya quienes se llevan a casa un sueldo y
un sobre que, cuando cotiza, cotiza un IRPF muy por debajo de lo que debería
cotizar por el total de ingresos. Tan intolerable como que ahora
pretendan recortar el número de nuestros representantes y hacer que estos dejen
de recibir un sueldo por sus escaños.
Está claro que el PP, con su dinero, que es el que
involuntariamente nosotros pagamos de más a sus donantes, puede de
sobra compensar a esos diputados sin sueldo que nos quiere imponer. Y,
mientras tanto, la democracia es la que pierde.
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