Si alguien como el consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Javier Fernández Lasquetty, en lugar de trabajar en la Administración,
jugándose el patrimonio y los cuartos de todos los ciudadanos, trabajase para
la empresa privada, después de haber cometido tantos y tan caros errores
en su gestión, estaría en la calle o sería consejero delegado y atendería por
Juan Luis Cebrián.
Es increíble, salvo que exista un plan preestablecido
de saqueo, que alguien sea capaz de cometer tantas torpezas, desoyendo todas
las voces que, incluso antes de llegar él al cargo, advertían de la dudosa
legalidad de la tramposa operación de desmantelamiento de la sanidad
pública madrileña emprendida por los neocones de su partido. Y me permito
hablar de "plan preestablecido", porque no hay que olvidar que de
otra cosa no podía hablar su antecesor Juan José Güemes cuando, en una
"feria del saqueo" hablaba a empresarios de todo el mundo de las
"oportunidades de negocio" que ofrecía para ellos la sanidad
madrileña, frase menos parodiable que la famosa "a relaxin´ cup of café
con leche in la Plaza Mayor", aunque, visto lo visto, de mucho más
graves consecuencias.
Comenzaron con el repago de los medicamentos que ellos
llamaron copago, poniendo patas arriba la intendencia de las farmacias y no
pocos hogares de jubilados, tomando decisiones improvisadas, sin dotar a las
oficinas de farmacia de los medios precisos para ponerlas en práctica y
condenando a pensionistas que viven en el límite o por debajo del umbral
de la pobreza a adelantar, quitándose de su escasa mensualidad, lo que equivale
a comer menos o peor, lo que excedía del tope máximo de gasto establecido para
ellos.
El caos, innegable, devolvió a quienes vivieron la posguerra
a la triste cartilla de racionamiento, condenando a personas olvidadizas
por definición, a acarrear un cartoncito más, cada vez que acudían a
buscar un medicamento. Luego vino lo del euro por receta, también improvisado,
cómo no, y la falta de capacidad o de ganas, para responder a la objeción
ciudadana, que convirtió, a las oficinas de farmacia en una especie de
sucursales a su pesar de la agencia tributaria, llenas de formularios
papeles y sellos.
La última de las torpezas, enorme torpeza, ha sido la
de adjudicar seis hospitales madrileños, una decisión tomada en contra de la
opinión pública, expresada, entre otras formas, con más de un millón de firmas
de ciudadanos, además de con manifestaciones y protestas de todos los
estamentos, salvo los empresarios, que tienen que ver con la salud de los
madrileños. Y no sólo eso, tal ha sido la torpeza del consejero y sus
colaboradores que el concurso de adjudicación de esos seis hospitales ha sufrido
tal cúmulo de irregularidades que ha sido paralizado hasta tres veces por la
justicia, la última por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que impide
que siga adelante un proceso que, de continuar y a expensas de la decisión
final resultaría irreversible.
Claro que, para la aguerrida tropa del PP, representada en
los medios de comunicación por personajes como, por ejemplo, Francisco
Granados, la cosa no sería grave porque -más o menos textual en la Ventana de
Madrid, de la Cadena SER- si es ilegal, se cambian las leyes. Lo que deja
bien a las claras la rectitud de pensamiento y el espíritu de servicio a la
ciudadanía de esta gente.
Lo dicho, el señor Lasquetty me está sobrando y haría bien
en desvanecerse silenciosamente, sin esperar a que los ciudadanos le desalojen
de su puesto con sus votos. Todavía está a tiempo de usar la puerta giratoria
que le devolvería a cualquiera de esas empresas para la que, desde la sombra,
trabaja.
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