UNA DESGRACIA

Hay personajes que llevan escrito en la cara lo que piensan. Uno de ellos es Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid o, mejor dicho, el consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre. Ellos no pueden disimularlo y yo no puedo dejar de imaginármelos, con corbata o sin corbata, a la salida de misa de 12, satisfechos de ser buenos cristianos y buscando a algún que otro menesteroso de esos que acuden a las puertas de las iglesias, para ejercer con él la muy cristiana virtud de la caridad que permite compensar con unas monedas todas las injusticias cometidas a lo largo de la semana.
Ayer se cumplía un año de la entrada en vigor de la ley que modifica los plazos para la realización de abortos en España y el consejero Lasquetty, de visita en el Hospital de la Paz, un monumento a "la paz" de Franco, en el que el dictador sufrió su terrible agonía, felizmente recuperado hoy para el servicio de los ciudadanos, al menos de momento y pese a quien pese. Y, una vez descrito el escenario, pasemos a la acción. Se cumplía decía un año de la ley y el consejero estaba deseoso de hacer balance de la misma. Y lo hizo siguiendo esa máxima de los malos periodistas, según la cual, no hay que permitir que la realidad eche abajo un buen titular.
El titular estaba escrito ya hace un año: esa ley, que, según él y quienes piensan como él, más que ley es "una desgracia" que iba a disparar el número de abortos y, para corroborarlo, dio la cifra de los que se llevaron a cabo en la Comunidad de Madrid a lo largo del año pasado, comparándolos con los que se practicaron en 2009 y que fueron 24.500 frente a 24.300, es decir, un incremento del 0,8 por ciento en un periodo no cubierto totalmente por la nueva norma. Pero como había que atacar a la ley que, no lo olvidemos, "es una desgracia", se quedó en que la cifra había aumentado.
Sin embargo no fue lo único ni mucho menos lo peor de lo dicho por el consejero Lasquetty, porque, al ser preguntado por las quejas de falta de pago dirigidas a su consejería por las clínicas que practican abortos en Madrid, contestó con mucha soltura que también se tarda en pagar a los laboratorios y a los fabricantes de material sanitarios y que la demora del pago está en 300 días, lo cual, dado que esas clínicas, creadas para que las mujeres puedan abortar de acuerdo con la ley y con garantías sanitarias, no se crearon como negocio, corren el peligro de tener que cerrar por estrangulamiento financiero.
Es muy duro que a este señor que considera "una desgracia" las leyes que no le gustan le preocupe más garantizar que los médicos que nieguen el paso al aborto legal a las mujeres que lo precisen no irán a la cárcel que asegurar el funcionamiento de una red de clínicas que ha evitado todas esas muertes que generaban los abortos clandestinos y, también, todas esas vidas truncadas por una maternidad no deseada.
Creo que, si hay una desgracia en todo esto, esa desgracia es el consejero Fernández-Lasquetty y los que como él anteponen su ideología al cumplimiento de las leyes.