Nada hay menos estético que hacer y deshacer, tomar y dejar
las leyes a la medida del poder. Los que hemos vivido bajo el franquismo
conocimos esa manera de gobernar y padecimos las leyes en vez de sentirnos
protegidos por ella. Hace sólo unos días, el Partido Popular perdió otra
oportunidad para condenar el franquismo penalizando su exaltación. Y creo que,
si no lo hicieron, es porque aun no se creen capaces de resistir la
tentación de cantar las alabanzas a un régimen que, a muchos de ellos, les colocó
en donde están.
Y es que no es lo mismo contemplar el mundo desde el
caballo, mirando a los otros desde lo alto de la silla y con la garantía
de que, si vienen mal dadas, se pueden volver grupas al tumulto o, en el peor
de los casos, echar la montura sobre la gente de a pie. Así eran las cosas
durante los años más duros del franquismo caciquil y a ello quieren volver
quienes, ahora, nos echan encima el caballo de su aviesa manera de entender el
poder y las leyes.
De todos es sabido que la Comunidad Autónoma de Madrid anda empeñada
en convertir la salud de los madrileños en un rentable negocio para
determinadas empresas que, por cierto, han dado pruebas sobradas no sólo de sus
intenciones meramente crematística, sino de su incapacidad gestora en
otras experiencias anteriores. Y no es que me invente lo que digo, fue el
propio ex consejero, Juan José Güemes, hoy vinculado directa o
indirectamente a esas empresas, quien, en una convención, casi una mini
feria del sector, alentó a los concurrentes a ver la sanidad madrileña
como una oportunidad de negocio.
De todos es sabido también que de una manera desconocida
hasta entonces, todos los implicados en la sanidad, pacientes, médicos,
enfermeros, farmacéuticos y demás personal, se pusieron enfrente de las
intenciones de los hombres del maletín y el gobierno de la Comunidad,
encarnados en la triste figura del consejero Lasquetty. Se pusieron enfrente en
una estrategia imaginativa y activa que les llevó a convocar movilizaciones,
manifestaciones, un referendo que recogió, con nombre y apellidos, más de un
millón de firmas contra las intenciones privatizadoras del gobierno
madrileño, una oleada de incómoda insumisión, también con nombre y
apellidos, contra la imposición del euro por receta y toda una serie
de acciones legales que, finalmente, han ido paralizando en los juzgados la
mayoría de tan arbitrarias medidas.
Es fácil imaginar la contrariedad de la consejería y
de las empresas beneficiadas en las poco o nada claras adjudicaciones
de hospitales ante las paralizaciones. Su gozo en un pozo y la negra
perspectiva de que, en el mejor de los casos, el "negocio" se iba a
retrasar meses, lo que ante la otra perspectiva, la del negocio seguro y ya que
quizá nunca se llegaría a poner en marcha si se produjese un previsible vuelco electoral.
Es fácil imaginar también la preocupación y quién sabe qué más de unos y otros.
Tanta que ha llevado a la elaboración de una nueva estrategia, en este caso
judicial, y digo judicial y no legal, haciendo pasar un tamiz de grano
más grueso las demandas de los sindicatos médicos, para ver si, con
suerte, pasa la cosa.
Para eso, la nueva estrategia pasa ahora por someter todas
las resoluciones paralizantes al pleno de la Audiencia Provincial de Madrid, en
un intento de desbloquear las concesiones. Cincuenta jueces a cuyo frente está
el magistrado Martínez Tristán, casado con una consejera del gobierno de
Castilla La Mancha, ex alto cargo de la de Madrid -también entre Madrid y
Castilla La Mancha funciona la puerta giratoria, aspirante a una vocalía del
Consejo General del Poder Judicial, cuyo nombramiento depende del partido del
Gobierno y que ha sido, además, el autor intelectual del reagrupamiento de las
demandas para llevarlas al pleno.
Lo dicho cambiar o utilizar las leyes a medida. Y si me
atrevo a escribirlo es porque al deslenguado senador popular Francisco Granados
le escuches decir, nada más decretarse la suspensión de las adjudicaciones que
si, finalmente, no se ajustaban a la ley, se cambia la ley si es
necesario. Pues en eso estamos, en hacer a la ley los arreglos que nos la
dejen para el gobierno como un traje a la medida del gobierno madrileño y sus "socios".
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