Eufóricos por lo que sin duda es una gran victoria de la
sociedad en contra del despotismo de un gobierno ebrio de mayoría y con resaca
por los muchos compromisos adquiridos en su viaja a la Moncloa, corremos el
peligro de encalarnos, como los toros con el pelele, con el cadáver político de
Gallardón, sin caer en la cuenta -hay que tenerlo presente a cada instante- de
que la ley no era de tan cursi ministro, sino de todo el Gobierno y,
fundamentalmente, del Partido Popular, que la bendijo en el Congreso y que
mantiene desde la pasada legislatura un recurso contra ella ante el
Constitucional, un recurso que difícilmente decaerá y que está en manos del más
carca de los magistrados del tribunal como lo es Andrés Ollero.
La partida no está por tanto acabada. Más bien al contrario,
se va a librar ahora en el silencio, por no decir sordidez, de las salas y
despachos del redondo edificio de la calle Doménico Scarlatti. El PP lo sabe y
por eso ha dejado caer la estrambótica y cruel ley de Gallardón, elaborada,
dicen, contando con el asesoramiento de una serie de estridentes
"expertos" cuidadosamente seleccionados "ad hoc" de entre
los más conservadores, moralistas y polémicos personajes de la sociedad
española.
El magistrado elegido para elaborar la sentencia que decidirá
sobre ese recurso es nada menos que Andrés Ollero, miembro del Opus Dei y
diputado del PP hasta 2003, no parece la persona más idónea para hacerse cargo
de la ponencia de la sentencia sobre un asunto como ese, del mismo modo que
dejar ahora la reforma de la ley socialista en manos de la ministra Ana Mato,
de perfil parecido, salvo en el aspecto académico y jurídico, al del diputado,
parece más bien un sarcasmo, como lo fue dejar ayer en manos de la ministra de
Trabajo la respuesta a la pregunta del grupo Izquierda Plural sobre la abortada
reforma.
De todo lo anterior lo menos anecdótico, lo más trascendente
es ese recurso varado desde hace ya tres años en el Constitucional. Y el que
eso sea así no deja de ser una prueba de la astuta estrategia del PP, que se
protege siempre de los "desmanes" democráticos, cubriéndose las
espaldas creando ese "doble circuito de frenos" que es su ocupación
de los tribunales de garantía, como sin el Supremo o el Constitucional. Lo peor
del asunto, es que el PSOE no ha sido capaz jamás, ni teniendo mayoría en el
parlamento, de contrarrestar esta estrategia.
No sé su será porque es muy distinto el concepto que tienen
la izquierda y la derecha o, al menos el de quienes votan a la izquierda o la
derecha, porque, mientras los primeros tienden a creer en la justicia, la derecha
en lo que cree es en el aparato, más bien en el control del aparato, de la
justicia, que saben aprovechar como la válvula que permite regular la presión,
para frenar o descafeinar los cambios legislativos que no son de su gusto.
Nunca un proyecto de ley tan ideologizado y moralista como el
que acaba de perder a Gallardón tuvo una oposición tan generalizada en la
calle, en los medios, en el parlamento, dentro y fuera de España, pero esa
presión que ha desaconsejado al PP seguir adelante con su terrible y descarnada
ofensiva contra las mujeres y su libertad. Pero, como digo, la partida aún no
ha terminado. Va a ser aún más difícil frenar las intenciones del PP en el
Constitucional, porque como digo su trabajo es mucho más callada y sus miembros
no están bajo los focos, lo que, unido a que tienen que someterse a las urnas,
los deja al margen de lo que realmente siente y quiere la sociedad. Va a ser
más difícil, pero no por ello hay que bajar lo más mínimo la presión contra
cualquier intento de tumbar una ley que ha venido a dar garantías a las mujeres
que necesitan o, simplemente, quieren abortar y a los médicos que les ayudan a
hacerlo.
Que no nos pase nada, pero, como digo, la partida sigue.
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