Durante mucho tiempo y aún hoy día hay quien lo piensa, el
ministro de Justicia de Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón, ha disfrutado de una
inmerecida fama de simpático y "progresista", y eso que su propio
padre, José María, ya advertía, cuando el entonces fiscal en excedencia daba
sus primeros pasos en política bajo el ala de Fraga, que su hijo "era más
de derechas que Don Pelayo".
A Alberto Ruiz Gallardón le ha faltado tiempo para dar la
razón a su difunto padre desde su despacho del ministerio de la calle de San
Bernardo, anunciando las líneas generales de una reforma de la Justicia
descaradamente conservadora, puesto que lo de justicia igual y gratuita para
todos pasa a mejor vida.
De esos planes, el más siniestro es el de obligar a pagar
para poder recurrir una sentencia considerada injusta. Mantienen el ministro y
quienes le jalean que en este país se recurren las decisiones judiciales por
sistema y que, cobrando los recursos, se desatascarán los tribunales. Yo, que
tengo el cariño por el que fuera mi alcalde por los suelos, hago esta otra
lectura: que los pobres vayan despidiéndose de la justicia, porque sólo podrán
recurrir los Botín, los Camps, los Fabra y los mafiosos -no he escrito
"otros" en lugar de "los", pero ganas no me han faltado-,
mientras que los humildes se quedarán sin una segunda o tercera instancia en
sus cuitas con la justicia o tendrán que pedir un crédito a un banco de Botín
para poder acceder al derecho que hasta ahora tienen a recurrir los fallos.
Otra línea de reforma, absolutamente conservadora, es la
implantación de lo que Gallardón anunció como "reclusión permanente
revisable" y que no es otras cosa que la cadena perpetua, una pena que
allá donde existe se ha mostrado ineficaz y va en contra del fin primordial del
sistema penitenciario, que es el de rehabilitar al condenado, aunque, eso sí,
proporciona jugosos réditos electorales a quienes la propugnan.
Pero no queda ahí la cosa. Menos sorpresivo ha sido el
anuncio de que revisará la regulación del aborto para exigir el consentimiento
paterno a las menores que quieran interrumpir sus embarazos, algo que nos
devuelve a otros tiempos en los que un padre -o una madre o los dos a un
tiempo- podían amargar la vida de su hija y la de su criatura en aras de no sé
qué creencias o sentido de la propiedad.
Ya por último, está también la reforma del sistema de
elección de los órganos de gobierno de la judicatura, alejándolo del control de
los ciudadanos mortales y sin toga, para devolverlo al control de las
asociaciones de jueces que, si son representativas entre el colectivo, no lo
son entre la ciudadanía y no hay que olvidar que la Justicia no es de los
jueces, que trabajan o deberían hacerlo para ella, sino de los ciudadanos, de
todos los ciudadanos.
Espero que al escurridizo Gallardón, acostumbrado a escapar
al control de las ruedas de prensa y a maquillarse con inauguraciones y
festivales, enfrentarse a la política pura y dura acabe por mostrarle ante la
opinión pública como lo que es: un "guerrero del antifaz" que
pretende retrasar treinta años el reloj de la justicia y los derechos en este
país.
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