EUTANASIA A LA JUSTICIA

Todos sabemos de la aversión que tiene el Partido Popular a la práctica de la eutanasia o el aborto. Para ellos, sea cual sea la razón que motive una u otra intervención sobre la vida, dejar que ésta se acabe, aunque, claro está, siempre están dispuestos a hacer las excepciones pertinentes si es que el resultado les conviene.

Esa que el PP  reconoce como una de sus características no es en absoluto la única. También lo es la de hacer gala de un egoísmo supino que les lleva a perjudicar a la mayoría de los ciudadanos, a la sociedad, si es que el resultado les beneficia, algo que hemos podido comprobar y sufrir en nuestras carnes cada vez que los populares han llegado al poder, especialmente en estos cuatro años con Rajoy en La Moncloa.

Pues bien, en el asunto del que hoy os hablo, ambas características la del egoísmo,  la de ese "ahí se pudran" la sociedad y el bien común, si con ello sacamos algo "nosotros o nuestros amigos" entraría en una aparente contradicción con su aversión a la eutanasia, porque, para su propio beneficio y el de sus amigos, el gobierno ha decidido aplicar, con su reforma de la ley de enjuiciamiento criminal,  el aborto y la eutanasia metafóricos a la mayoría de los casos que atascan los tribunales, estableciendo plazos imposibles de cumplir, para llevar los asuntos a juicio, aunque queden instruidos a medias o dejen a las acusaciones desnudas de pruebas ante el tribunal.

Lo que persiguen con esta reforma es la muerte por inanición de asuntos como el caso Bárcenas o la el de la trama Gürtel, tan complejos que de lo que más precisan es de tiempo para abrir y concluir las diligencias que jueces y fiscales estimen oportunas. Y lo hacen fijando, unos plazos inasumibles sin que, al menos, se dote a los juzgados del personal y los medios que serían precisos, no ya para asumir las nuevas exigencias, sino para cumplir con las vigentes antes de la aprobación de la ley.

Como señalaban esta mañana en la Cadena SER, nada sabríamos hoy de las cuentas de Bárcenas en Suiza  de los tejemanejes de Rato ni, mucho menos, de la financiación ilegal del PP mediante la red Gürtel o la mafia que operaba en torno a Francisco Granados. Nada se podría investigar a fondo, porque, como en el viejo concurso de televisión, sonaría la sirena antes de encontrar las respuestas acertadas a las preguntas que se van planteando en la instrucción de cualquier caso judicial,

Lo que en cierto modo pretende el PP es enterrar, entre centenares de casos inconclusos, los que le afectan directamente. Una estrategia parecida a la de  algunos asesinos que esconden su cromen rodeándolo de otros que nada tienen que ver con el que a él le interesa, para no parecer sospechoso de obstruir la justicia ante la sociedad.

Esta nueva estrategia, la de la reforma restrictiva de la Ley de Enjuiciamiento Criminal conducida por ese ministro con cara de empollón simpático que es Rafael Catalá, es continuación de otra anterior, la ya neutralizada por los jueces de actuar como topos, personándose en las causas para torpedearlas y maestralizarlas con el único fin de conseguir la prescripción de los delitos perseguidos en ellas.

Ahora el PP, que con tanto ahínco se ha opuesto y se opone al aborto y la eutanasia, parece empeñado en aplicarlos, aunque sea metafóricamente, en los juzgados, haciendo inviables o matando por inanición los casos en los que, de ningún modo, querría verse ante el juez.

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