Ha bastado el afloramiento de un caso de corrupción, no
olvidemos que ADIF es una empresa pública, en las obras del AVE a Barcelona,
para que se desborde en catarata el pantano de sospechas que, sobre las no
siempre necesarias infraestructuras ferroviarias de alta velocidad. Desde que
Felipe González apostó en los primeros noventa, no sin el pitorreo y las
críticas del Partido Popular, por unir Madrid y Sevilla con un tren de alta
velocidad y a la vista de los beneficios de la línea para la capital andaluza,
cualquier político que se preciase debía someterse a las urnas con uno de estos
trenes bajo el brazo. El resultado, del que debe saber mucho José Bono, es que
se han hecho trazados nada lógicos, estaciones casi fantasmas y unas cuentas de
resultados no precisamente boyantes.
La Alta Velocidad Española, de la que hicimos bandera
del progreso y la boyante economía española ha acabado por tener los pies de
barro. Líneas terminadas en falso para lucir en los mítines, prisas electorales
pagadas en sangre, y hablo del AVE a Galicia, que llevaron a poner en servicio
como alta velocidad una línea que no lo era, estaciones que reciben quince
viajeros al día, pero que lindan con terrenos de la familia de Esperanza
Aguirre. Chanchullos todos que buscaban el favor de los electores o ventajas
inconfesables en los negocios de amigos o familiares. Lo que faltaba, y ya
estaba tardando, es comprobar que alguien estaba metiendo la mano en la caja y
eso, en el paraíso de la corrupción que es España, por qué no decirlo, hasta
sonaba raro.
Pero el lunes todo volvió a la normalidad. La Guardia Civil
se desplegó en las oficinas de ADIF en Madrid y Barcelona, además de en la sede
de la constructora encargada de uno de los últimos tramos del AVE en Barcelona,
para buscar documentación que probase los claros indicios de connivencia entre
una y otra empresa o, mejor dicho, entre los responsables de una y otra
empresa, para inflar los costes de la obra y justificar los sobre precios
pagados. En lo primero que pensé al enterarme es en qué ha pasado esta vez para
que alguien sospeche de un procedimiento más que habitual, por el que las
constructoras españolas ganan y ganan concursos haciendo ofertas inverosímiles,
en Panamá algo saben de eso, a sabiendas de que luego, ese presupuesto se
corregirá al alza.
Esa es una práctica habitual, no sólo en las grandes obras públicas,
también lo es en las simples reformas de viviendas y comercios. Se pacta un
precio asumible por el cliente y, luego, con la amenaza de dejarlo todo a
medias se anuncia que habrá sobrecoste. Y que conste que a mí, en una ocasión,
me pasó todo lo contrario, porque pacté un precio por la pintura de mi casa con
arreglo a calidades y tiempo previsto para terminar y, como la obra se complicó
y hubo que emplear un peón más en ella, acabé pagándole por propia iniciativa
lo que estimé que era justo.
Seguro que más de uno estaréis pensando que no estoy bien de
la cabeza, pero os lo explico: si lo hice fue porque me gusta dormir bien, con
la conciencia tranquila, y porque podía pagarlo, claro. Quizá por eso me
imagino el susto de todos estos señores, hasta diez, que el lunes e llevaron el
susto de su vida, cuando años después del "negocietes" se han dado de
bruces con los civiles en su casa o en su trabajo por ese apañito, tan habitual
en el sector, pero, en esta ocasión en beneficio propio.
Dice el Tribunal de Cuentas que va a investigar las cuentas
del AVE y me quedo estupefacto, porque qué otra cosa es su función. Seguro que,
entre tantos millones y millones, más de un pufo se habrá cometido en un país
en el que no es raro que al que administra un presupuesto, especialmente si es
público se le peguen los billetes del dinero ajeno a las manos. Lo pienso y me
imagino lo mal que lo deben estar pasando a estas horas tantos y tantos pájaros
como han revoloteado alrededor del AVE.
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