POLÍTICA, JUSTICIA Y VICEVERSA

Está visto que esta semana no vamos a conseguir salir sin daño del lodazal al que nos han arrastrado las difíciles relaciones entre política y justicia, difíciles por la hipocresía que conllevan, pero es lo que hay y bienvenidas sean las polémicas y las contradicciones si, con ellas, conseguimos llevar la luz a esos oscuros recovecos que un sistema tan complejo, como lo es la democracia, conlleva.

Es evidente que en nuestra democracia las interferencias entre política y justicia son demasiadas, algo que ocurre desde que se decidió que el Congreso interviniese en la elección del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, algo que ocurrió en tiempos de Felipe González y que encontró su lógica en el hecho de que resultaba cuando menos paradójica la convivencia de un poder judicial demasiado cercano al franquismo con un parlamento en que la mayoría absoluta estaba en manos del PSOE y en el que los comunistas tenían un grupo propio.

Todo iba bien hasta que primero Alianza Popular y luego el PP aprendieron a hacer política desde los tribunales, torpedeando leyes encaminadas a transformar la sociedad, la del aborto, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, con la presentación de recursos que, con Federico Trillo al timón de todo lo relativo a la Justicia, pasó a ser algo sistemático y peligrosos, con una composición del Constitucional excesivamente sesgada ala derecha.

Fue en esa etapa cuando el Estatuto de Autonomía, aprobado por mayoría absoluta por el Parlament de Catalunya, entonces sí, durante la etapa del tripartito, además refrendado en una consulta a los ciudadanos catalanes y visado por el Congreso de los Diputados, que fue paralizado y mutilado en el TC tras el "oportuno" recurso del PP. Fue, precisamente, a partir de ese momento cuando en Cataluña creció el sentimiento de afrenta y el nacionalismo que, años después y por causas que se sumaron a ésta,  la principal, al disparate de los referendos ilegales y el disparate de la efímera declaración de independencia, hace poco más de dos años y a ese bucle infernal de ilegalidades, recursos, exagerado en innecesario uso de la prisión provisional, órdenes europeas de detención frustradas y otros muchos disparates a los que no fue ajena la coexistencia en una peligrosa conjunción astral, ésta sí, de jueces y fiscales en la Audiencia Nacional y en el Supremo, que llevó al controvertido juicio al "Procés", en el que quedaron descartados la rebelión y, claro, el golpe de Estado del que durante meses y aún hoy se han llenado la boca los partidos de la extrema derecha multicolor.

Está claro que la agresiva actuación del fallecido fiscal Mazas, sobredimensionando la causa iniciada a instancias del PP de Rajoy, que había renunciado a hacer política donde había que hacerla, dejando la solución del que había sido su problema en manos de los jueces. Eso, por no hablar de lo difícil que la va a resultar al PP

Que la estrategia de los fiscales "del PP" estaba equivocada quedo de manifiesto en la sentencia, que acabó dando la razón a la abogacía del Estado que, con Dolores Delgado al frente de Justicia, cambió la calificación de los delitos y destituyo al letrado que se negó a firmarla y acabó, no lo olvidemos, en las filas de Ciudadanos.

Ayer, el Consejo General del Poder Judicial dio su visto buen al nombramiento de esa ministra, Lola Delgado, pese a que había estado, a mi juicio injustamente, en el centro de la polémica en la prensa y entre los jueces, porque, pese a sus casi treinta años de experiencia, no les parecía idóneo, a unos, ni estético a otros que pasase de ministra a fiscal general, poniendo en duda su imparcialidad.

Ese fue, precisamente, el argumento esgrimido por los vocales que se opusieron al nombramiento, el de la apariencia de imparcialidad, algo que, por absurdo que parezca, ha de presumirse por quienes han llegado al consejo a propuesta de los partidos, un sistema que sentó en su día en una de las sillas  del consejo al polémico juez Estevill, nombrad a propuesta de la CiU de Pujol, que acabó en prisión por la corrupción y la prevaricación con la que operó en su juzgado.

En fin, que las injerencias de la política en la justicia y de la justicia en la política, de las que aún nos queda mucho por ver, están dando lugar a situaciones que nada dicen en favor de una y otra y que, con la ayuda de los medios, que derrochan tinta a la hora de iniciar las polémicas y la escatiman con avaricia cuando se resuelve, no hacen sino contribuir al desprestigio de unos y otros, prensa incluida. Eso, por no hablar de la postura del PP español en el Parlamento Europeo que, en contra del resto del grupo Popular, se niega a las sanciones propuestas contra Polonia y Hungría, más cerca del fascismo que de la democracia ambas, por acabar con la independencia judicial em su territorio. Un PP, el español, que quiere aparecer como un adalid de las libertades y la independencia judicial en España y apoya para esos dos países una justicia más propia de Hitler o Stalin que de la Unión Europea.