MONTESQIEU HA MUERTO

Una de las mayores aportaciones de la Ilustración a la creación de un hombre nuevo y, por ende, a la de la reforma definitiva del Estado, el abandono de la tiranía, fue la idea de la separación del poder diseñada por el barón de Montesquieu, que establecía la existencia de tres poderes que se controlaban y contrapesaban entre sí: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La teoría, de principios del XVIII ha dado lugar hasta ahora a modelos muy perfeccionados de  democracias que, de repente, un señor de Pontevedra se ha empeñado en echar por tierra, controlando y pasando por encima de todos ellos sin que mover un solo pelo de la barba.

Es cierto que, de alguna manera, somos nosotros quienes tenemos la culpa de que este sea un país de mayorías absolutas y de que, cuando no lo es, las pequeñas minorías que garantizan la gobernabilidad se conviertan en amantes caprichosas o caprichosos que acaban el bolsillo y la honorabilidad del que ocupa la Moncloa. Somos nosotros quienes hemos propiciado el bipartidismo del que ahora tanto nos quejamos o los que nos hemos dejado arrastrar a esta situación, caldo de cultivo idóneo para tanta arbitrariedad, la misma que trae como consecuencia tanta corrupción.

La mayor parte de esa corrupción se produce en el escalón inferior de la administración, allá donde, en principio, la democracia está más cerca de los ciudadanos, en los ayuntamientos, y es justo en los ayuntamientos donde más se dan las mayorías absolutas o esas mayorías complementadas con el apoyo de independientes o pequeñas fuerzas que, curiosamente, se quedan siempre con la concejalía de urbanismo o de servicios que son las que más oportunidades brindan para el trapicheo o la corrupción.

Sólo un buen reparto de las sillas en los plenos garantiza el debate y el control necesarios para que queden garantizados los derechos y los intereses de los ciudadanos. Del mismo modo, en la política autonómica o nacional, también la diversidad en los parlamentos garantiza ese necesario control. Y se ha visto que, por desgracia esa diversidad suele brillar por su ausencia. Pero, para cuando tal cosa ocurre, está, debe estar el poder judicial, el que permite a un ciudadano cualquiera poner en cuestión los actos de la administración, sabiendo que la tercera pata del Estado va a ser neutral y no se va a dejar acogotar por el poder o la política.

Después de muchos años de decepciones, los españoles estamos empezando a recuperar la confianza en esa tercera pata capaz de poner contra las cuerdas a personajes como Bárcenas, Acebes, Blesa o Rato. Algunos hemos recuperado la fe en jueces y fiscales que, también en los policías a su servicio, capaces, no sólo de desenmarañar madejas de favores, comisiones y mordidas, sino de poner sitio y asaltar, si es preciso, la sede del partido más poderoso de la nación. Por eso, situaciones como las de estos días a propósito de Cataluña, en las que queda claro que la justicia se convierte en cancha de lo que debería dirimirse en el terreno de la política y que la cancha está desnivelada porque el balón rueda a favor del gobierno, resultan desesperanzadoras.

Escuchar anoche a Alicia Sánchez Camacho usurpar, o al menos confundir, en una televisión, el papel de la fiscalía es descorazonador, porque se supone que el fiscal, los fiscales, toman decisiones al margen del gobierno, al que informan de las mismas, pero no al partido que lo sustenta. Lo de la señora Camacho anoche anunciando querellas contra Mas y otros cargos de la Generalitat fue muy sonrojante.

Gestos, como el de sustituir el necesario diálogo por recursos al primo de Zumosol en que se ha convertido el Tribunal Constitucional o tratar de inhabilitar en los tribunales a un Mas reforzado por esa torpeza dan idea de que a este gobierno ya no le basta con controlar Parlamentos y medios de comunicación y, ahora, pretende ejercer el poder conquistado en los Tribunales y la Fiscalía.

En resumen, A Rajoy le molesta Montesquieu y quiere darle por muerto.

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