Hay días en que uno se avergüenza de vivir en un país en el
que, mientras algunos compatriotas se juegan la vida llevando la salud y el
progreso a países tan inhóspitos como necesitados, aquí, a cinco paradas de
Metro de casa, se dejó morir a una mujer porque no se quiso ver, qué
complicación, que aquello que le causaba la fiebre y tan fuertes dolores de
cabeza era meningitis.
Se llamaba Samba Martine y llevaba un mes encerrada en el
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Desde que la
encerraron allí no hizo otra cosa que quejarse y reclamar la atención de los
médicos porque se encontraba mal. Fue visitada por estos hasta diez veces y no
recibió otra cosa que cuidados paliativos, supongo que paracetamol o algo
parecido, hasta que el 19 de diciembre de 2011, a sólo unos días de esas
fiestas de la solidaridad y el amor, fue ingresada en un hospital, donde, a las
seis horas, con sólo treinta y cuatro años y a miles de kilómetros de los
suyos, falleció.
Fue tan injusta esa muerte y fue tan evidente que podía
haberse evitado que, de inmediato y movido por las ONG que asisten a estos
inmigrantes, el asunto llegó a los tribunales, donde inexplicablemente se archivó.
Hace unos días la Audiencia Provincial resolvió el recurso contra esa decisión
y reabrió el caso, imputando a los responsables médicos del centro, empleados
de una empresa privada subcontratada, por lo que el instructor considera una
actuación negligente ya que, de haber actuado de otro modo, la muerte de Samba
podría haberse evitado.
La inmigrante congoleña que reclamó asilo en Melilla, donde,
tras llegar con ocho euros y un teléfono, móvil se presentó a la Policía,
estaba diagnosticada de VIH y cuando fue ingresada en el hospital madrileño se
pensó en principio que estaba aquejada de meningitis o neumonía, aunque, cuando
ya no tenía remedio, se acabó por diagnosticarle una infección múltiple
asociada al VIH.
Es una historia terrible por sus consecuencias dramáticas,
por la intención, detectada por el juez, de ocultación de la verdad, por las
condiciones infrahumanas en que viven estos hombres y mujeres hacinados en
peores condiciones que las que tendrían en una prisión o que las que le Unión
Europea exige para el ganado, desatendidos y encerrados en un limbo legal en el
que no son considerados presos, pero tampoco hombres y mujeres libres, a la
espera de cargarlos en un avión para devolverles a países que en ocasiones ni
siquiera son los suyos y a los que, sin duda, no quieren volver.
Lo peor de todo es que esos centros están en gestionados
total o parcialmente por empresas privadas subcontratadas y ya se sabe que el
fin primordial de éstas es el lucro. Una filosofía que acaba por calar en sus
trabajadores hasta el punto de que a veces, afortunadamente no siempre, mal
pagados, desincentivados y sin medios, acaban olvidando su verdadera vocación,
considerando a los enfermos como problemas y eludiendo esos problemas.
No sé cómo el gobierno puede descuidar de esa manera la
atención sanitaria en estos centros, verdaderos lazaretos de este siglo, a los
que van a parar seres humanos que, en la mayoría de los casos, han estado
expuestos a todo tipo de miserias y enfermedades que o no hemos conocido o
tenemos ya olvidadas. Quizá por eso, por esa visión que de la sociedad tiene el
Gobierno, como algo a gestionar, como las basuras o el alcantarillado. Quizá
por eso, por ese afán de subcontratar y gastar lo menos posible, en nuestro
país han reaparecido enfermedades ya desterradas como la tuberculosis y están
repuntando los casos de SIDA.
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