REPRESALIAS

Estaba claro que el gobierno de Ignacio González en la Comunidad de Madrid no iba a admitir su derrota sin más. Estaba siendo demasiado humillante sufrir un revés tras otro, en los tribunales y desde la calle, aguantar todas y cada una de las bofetadas que le llegaban, no sólo desde las mareas blancas, que una y otra vez llenaban las calles, sino desde el mismo gobierno, al que su intención de acogotar a la Generalitat de Catalunya, recurriendo la aplicación del repago de un euro por receta, obligo, por pura coherencia, a hacer otro tanto con la medida equivalente impuesta por Lasquetty.

Fueron semanas, meses, de un  terrible desgaste para el fiel consejero, cuyo camino al martirio, como todos, sólo se explica porque, al final del camino, le esperaba la buena vida eterna. La derrota fue humillante y la dimisión del fiel ejecutor de la política sanitaria del Partido Popular contra el viento y la marea del sentido común y de la calle, que hizo de esta batalla la causa primordial contra el despotismo popular, no podía quedar sin respuesta y la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, ha sido taimada, cobarde y a destiempo.

Los ceses, las jubilaciones y las represalias económicas dirigidas contra quienes se significaron en la protesta no han hecho más que comenzar. Al cese, por presunto "despilfarro" presupuestario de los coordinadores de varios centros de Madrid, entre ellos el que desde hace años me presta asistencia, ha ido acompañado de la supresión de determinados incentivos del personal más "rebelde" de la sanidad madrileña y ahora, ayer nos enteramos, de la jubilación forzosa de Marciano Sánchez Baile, el pediatra que desde hace más de tres décadas ha encarnado la voz crítica de las Asociaciones de Defensa de la Sanidad Púbica, al que, tras 35 años de servicio en la sanidad pública, se le rescinde definitivamente el contrato.

Las medidas están siendo tomadas por el nuevo consejero que, siendo médico, ha venido a confirmar eso de que no hay peor cuña que la que es de la misma manera, porque Javier Rodríguez,  poco a poco, en momentos clave, apagados los ecos de la movilización, como en este cambio de turno vacacional ha venido tomando estas medidas represoras que no son sino una venganza y un intento de desgajar de la piña de la protesta las voces más significadas.

No sé si lo conseguirán, sí sé que hay movimientos solidarios y dimisiones generalizadas en algunos centros. No la contundente dimisión de otros directores que se subieron al tren de la protesta pero que han saltado de los vagones en cuanto la cosa se ha puesto dura. Es triste, pero es así, Paulino Cubero el director del centro de salud de General Ricardos, mi centro, fue cesado por no seguir a pies juntilla la orden dada por la consejería de no cubrir las bajas, desobediencia que no tenía otra intención que la de no desatender a los pacientes del centro y que supuso un desfase presupuestario de veinte mil euros, menos de lo que estos que nos gobiernan se gastaban en los canapés de una inauguración.

La consejería pretende con estos ceses, no sólo quitarse de en medio a los que no son de su cuerda o son más combativos. Pretende dar ejemplo. Quiere asustar al rebaño para que no hagan frente al lobo, porque sabe que, si las ovejas se unen, como ya se ha visto, hasta el lobo corre peligro.

Pero siendo esto malo, lo peor es que los cesados tiene razón y lo han sido por tratar de paliar lo que ayer mismo denunciaba el representante nacional de Atención Primaria Urbana de la Organización Médica Colegial y que no es otra cosa que el grave riesgo que corre la calidad asistencial si no se ataja el problema de las sustituciones que, debido a los recortes materializados en esas órdenes de no cubrir las bajas por jubilación, enfermedad o vacaciones, están diezmando el personal de los centros de salud, mientras la población que requiere atención médica crece. 

Desgraciadamente, ante los graves problemas causados a uno de los mejores y más baratos sistemas de salud del mundo la única respuesta de la administración es esa: la de las represalias.

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