¡AGUA VA!

¡Agua va! era el grito con el que los vecinos de las calles de aquella España que encandiló a aquellos románticos europeos, advertían los viandantes de que les podía caer encima cualquier desecho líquido de origen innoble contenido en las bacinas, palanganas u orinales que se vaciaban directamente desde las ventanas. Yo no sé si habré vivido otra vida en aquella España, pero lo cierto es que escuchar la frase de marras y ponerme a cubierto es todo uno.

Y es que nada hay en un país del primer mundo -iba a decir civilizado, pero sería casi un sarcasmo- que, por falta de costumbre, de más asco que tener que ver mezcladas el agua y la basura, algo que, por desgracia, acaba de poner al descubierto la Guardia Civil con la operación Frontino, dirigida contra una trama de corrupción que operaba desde Acuamed, una empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, desde la que se deban por buenos sobrecostes en la ejecución de obras, generalmente de plantas desalinizadoras y generalmente en las costas sedientas del sureste peninsular, que iban a parar, una parte a los directivos corruptos y, naturalmente, la otra a la constructora que los facturaba con el consentimiento de los primeros.

La operación, bautizada con el nombre del militar, político e historiador romano que pasó a la Historia por su informe sobre los acueductos construidos por el Imperio, se desencadeno, al parecer y otra vez, por la denuncia de un mando intermedio de la empresa investigada y afecta a proyectos que datan desde 2007, con lo que serían dos los gobiernos, el de Zapatero y el de Rajoy, los implicados y cuatro los ministros de los que dependía la empresa investigada.

El mecanismo era el de siempre. Alguien decide qué empresa se queda con un proyecto, que por lo general se presupuesta a la baja para, al final, elevar los costes en torno a un diez por ciento, parte del cual acaba en los bolsillos de los directivos corruptos que adjudican el proyecto. Un mecanismo que, no por sabido, parece llamar la atención de los encargados de supervisar las cuentas públicas y que siempre tiene que esperar a la traición de algún descontento de la trama o a un funcionario o un trabajador, que los hay, con los suficientes arrestos para denunciar los tejemanejes que pasan ante sus narices a la fiscalía.

Creo que la salida a la luz de esta trama en plenas negociaciones para muñir los pactos que permitan formar gobierno resulta, cuando menos, pedagógica, porque coloca el punto de mira  de la sospecha sobre socialistas y populares que no han sabido ver el pozo negro en esta empresa pública, empresa que, por cierto, escapó a la disolución generalizada de empresas públicas llevada a cabo por el PP, pozo hediondo al que iba a parar un diez por ciento del dinero salido de nuestros bolsillos para la ejecución de obras claramente necesarias.

Eso en lo que respecta a la administración y a la empresa pública investigada. Sin embargo, no debe acabar ahí la investigación ni las detenciones y la demanda de responsabilidades a las empresas que sobornaban a los directivos de Acuamed, porque todos sabemos que no hay corruptos sin corruptores y ya va siendo hora de ver entre rejas a quienes sobornan. Dicho queda y ¡agua va!