Cuando, en España, orgullosa de haber echado al mar a los
árabes, adoradores del agua que hacían correr por sus palacios, cuando las
infraestructuras romanas eran apenas un recuerdo asfixiado por la vegetación,
cuando la ilustración, la cultura, era cosa de afrancesados y el saneamiento de
viviendas y ciudades ni siquiera era un sueño, cuando las aguas negras corrían
a cielo abierto por nuestras calles, cuando elegíamos el embozo y la incultura,
de vez en cuando tras una ventana abierta se escuchaba la fatídica advertencia
de ¡agua va!, como preludio del vertido de aguas sucias y cosas peores sobre
cualquiera que pasase bajo ella.
Ayer, los españoles de este siglo nos hemos visto sacudidos
por otro palanganazo fétido que, no por sabido o sospechado, da dejado de
producir en nosotros la arcada, la náusea, que retuerce nuestras entrañas cada
vez que comprobamos cómo quienes predican la austeridad que nos imponen viven
en la más obscena de las opulencias a costa de lo que debería destinarse a
remediar la desgracia y la injusticia que abruma a tanta gente en este país
desde hace años.
Ayer, a primeras horas de la mañana, una noticia, la de que
se estaban desarrollado una operación policial, con registros y detenciones en
torno a la empresa que ostenta el monopolio del agua en la Comunidad de Madrid,
se convirtió en el "agua va" que advertía de toda la mierda, así. con
todas sus letras, que se nos venía encima. El Canal de Isabel II, el canal, la
empresa pública que el PP se había empeñado, afortunadamente sin éxito, en
privatizar, había sido saqueado durante años a beneficio, aún por precisar, del
propio Partido Popular o de los bolsillos de los implicados.
La operación, bautizada "Lezo", en homenaje al
militar que dirigió frente a la arenada británica la defensa de Cartagena de
Indias, la ciudad colombiana donde Ignacio González y otros directivos del
Canal que entonces dirigía fueron sorprendidos entrado en una mansión, con
bolsas de plástico llenas de abultados paquetes, que no portaban a su salida.
Unas imágenes resultado de la guerra interna que se produjo entre las familias
del PP y que dio lugar al no resuelto "caso espías", en la que, pagados
con dinero púbico por Francisco Granados, agentes al servicio de la Comunidad
de Madrid buscaban "material" inculpatorio contra los enemigos de
Granados, no para llevarles ante los tribunales, sino para su chantaje e
intimidación, en la lucha por el poder en torno a Esperanza Aguirre.
Por lo que vamos conociendo, Ignacio González, que pretendió
permanecer al frente del Canal siendo ya presidente de la Comunidad de Madrid,
utilizó la expansión presuntamente ruinosa de la empresa en Latinoamérica,
ruinosa para los madrileños, no para él ni para su partido, para desviar fondos
de la empresa pública a sus propios testaferros.
Decenas de millones presuntamente perdidos en la compra de
empresas locales a precios desorbitados a través de empresas interpuestas en
paraísos fiscales que no tenían otro fin que el de desvanecer el rastro de
pérdidas y beneficios, algo muy parecido a lo que hizo Miguel Blesa con la
ruinosa compra de un banco en Miami mientras fue presidente de Caja Madrid. Los
mismos métodos de personajes parecidos con padrinos cercanos, que han permitido
a oscuros personajes, apenas funcionarios, a los que la cercanía a la política
había convertido en propietarios de deslumbrantes mansiones, yates de lujo u
ostentosas colecciones de relojes o arte.
Sin embargo, el caso que ayer salió a la luz, no muy
distinto de otros ya conocidos, tiene, además, escandalosas ramificaciones en
la prensa y la justicia, porque figuran como implicados el pringoso Francisco
Marhuenda y su jefe en LA RAZÓN, acusados de presionar, mediante la amenaza de
iniciar campañas periodísticas contra ella, a la presidenta Cristina Cifuentes,
para evitar que llevase a la Fiscalía las irregularidades descubiertas en el
Canal de Isabel II, en las que aparecía como presunto responsable, Edmundo
Rodríguez, consejero de LA RAZÓN, miserias nauseabundas de como se hace y se ha
hecho periodismo en este país, que no son las únicas puestas al descubierto por
este caso, ya que también supimos que el flamante y discutido fiscal
anticorrupción, Manuel Moix, que ordenó por escrito la suspensión de un
registro previsto por el juez Velasco y la UCO y que sólo la rebelión de los
fiscales del caso, que convocaron la junta de fiscales para echar abajo la
orden de Moix, permitió llevar a cabo.
En fin, debemos estar preparados para toda el agua sucia que
va a llover sobre nosotros y, sobre todo, debemos estar preparados para
soportar a toda esa gente que, aun empapada por tanta mierda como le está
cayendo encima, volverá a votar, no sé por qué extraña razón, a quienes se la arrojan
encima.
¡¡Agua va!!
2 comentarios:
Excelente artículo...
Saludos
Es un misterio digno de expediente x la voluntad de voto de este país. Será pensar que al menos el que me robe que sea de misa de doce y con la medalla al cuello de la cofradía de turno. Como Dios manda y no una panda de ateos comprometidos con el bien común...
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