Así como siempre se tuvo a Andalucía como un granero de
votos para el socialismo, Valencia lo había sido, entre la debacle del socialista
Joan Lerma y la del popular Alberto Fabra, para el PP. Y no sólo eso, porque
Valencia ha sido, además, una de las mayores fuentes de ingresos para el
partido de la calle Génova y un bastión siempre leal a sus dirigentes. Pero las
tornas han cambiado y, hoy, más de uno querría haber borrado de su biografía
los días pasados en Valencia, las adhesiones recibidas en sus plazas de toros o
en sus puertos y todos esos elogios repartidos a quienes se ven hoy delante de
los jueces a la espera de sentarse en el banquillo de los acusados.
La corrupción, en casi toda España, pero especialmente en la
Comunidad Valenciana, tiene, si no su origen, sí su apogeo, en la España que
iba tan bien de Aznar, esa en la que no se ataban los perros con longanizas,
pero se arrancaban naranjos y se levantaban bloques de apartamentos. La España
de esa Ley del Suelo que dio barra libre a los ayuntamientos para urbanizar
todo lo no estuviese calificado expresamente como "no urbanizable",
dando lugar a una enfermiza simbiosis entre ayuntamientos y promotores, con los
bancos y las cajas de ahorro, como colaboradores necesarios para todas esas
aberraciones urbanísticas y medioambientales que han transformado para mal y
para siempre la faz de nuestros campos y costas.
De aquellos tiempos viene la recién perdida hegemonía del PP
en Valencia, también en Madrid, que aparentando crear riqueza y administrarla
con brillantez, en realidad estaba vendiendo las joyas de la familia,
arruinando paisajes y huertas, sembrando pueblos y ciudades de edificios de
viviendas y apartamentos de segunda residencia y "regalando" a los
vecinos de cada pueblo y ciudad ostentosas infraestructuras culturales y
deportivas, hoy en desuso, imposibles de mantener activas, más en época de
crisis, porque, de cada ladrillo y cada paletada de cemento que se colocaba, el
partido gobernante y quienes tomaban las decisiones en su nombre se llevaban
una parte del coste final.
Mientras hubo burbuja inmobiliaria, todo fue coser y cantar,
porque todo lo saqueado se repercutía en el coste y el coste lo podían pagar
quienes disfrutaban de las vacas gordas de la opulencia, una época en la que,
cuentan, se brindaba en las bodas por los benditos planes urbanísticos que
enriquecían a unos y a otros y sembraban de prosperidad, efímera, pero
prosperidad a la región. Pero esa burbuja explotó y quienes trabajaban en la
construcción o en las industrias o comercios auxiliares se quedaron en la calle
o colgados de una hipoteca que, en el mejor de los casos, vampirizaba todos los
ingresos de la familia. Una situación que afectó también a los ayuntamientos y
les forzó a cambiar su fuente de ingresos, llevándola a las contratas de
servicios a las que oportunamente se habían mudado ya sus amigos los
constructores. A eso se dedicaron desde entonces, a cobrar mordidas y
comisiones por cada trabajo encargad o cada obra pública construida, en las
que, a base de rebajar la calidad de los materiales, aumentar los costes o
ambas cosas a la vez, obtenían margen suficiente para aumentar las ganancias
del adjudicatario, sacar la dádiva para el partido y llenar los bolsillos de
concejales y alcaldes. Y es que el truco es ese. Los gestores, alcaldes, etc,, "recaudan" para su partido y, al igual que los directivos en la empres privada, se llevan sus correspondientes "bonus", de tal manera que, al final so se sabe si el partido es un instrumento para poder tomar decisiones que les permitan llevarse esos preciados "bonus", siempre a costa de los ciudadanos, todo en negro y todo con el riesgo de que algún insatisfecho tire de la manta y "cante la gallina".
Y tanto era y ha sido lo saqueado que el dinero negro
revienta en las cajas fuertes ocultas tras los cuadros. Pero, claro, todo en
negro, todo dinero inutilizable en una contabilidad fiscalizada, como lo es la
correspondiente a los gastos electorales de un partido. Pero las elecciones
son, en la dinámica interna de los partidos y para nuestra desgracia, su
principal razón de ser, por lo que, para estar bien representados, con mayoría
absoluta a ser posible, en los parlamentos nacionales y autonómicos, los
ayuntamientos y las diputaciones, había que echar el resto, sacando todo ese
dinero de la ciénaga o contratando escenarios, megafonías, teloneros,
transportes y publicidad, muy por debajo del precio de mercado a empresas
"amigas" a las que luego se compensaba con adjudicaciones de
contratas "a la medida".
Ayer, con el levantamiento de una parte del sumario de la
"Operación Taula", supimos un poco más del descaro con que, como
ejemplo práctico, de lo que digo se obtenía y se lavaba el dinero de la
maquinaria electoral del Partido Popular. Un descaro que lleva a Rita Barberá y
a sus concejales investigados, nueve nada menos, a negarse a dimitir,
ridiculizar y menoscabar la labor del juez y los investigadores y a regañar,
cuando no a amenazar, a la prensa. También ayer, después de la penosa rueda de prensa de Rita Barberá y de mensajes contradictorios de Rajoy y "los jóvenes" del partido, éste decidió abrir xpediente a la ex alcaldesa y a sus nueve concejales investigados y lo hizo contradiciendo la aparente tranquilidad invocada por Rajoy, lo que deja claro que la autoridad del presidente ya no es la que era o que Rita sabe algo que tiene al rey del "dontancredismo" más que acogotado.
Y es que el PP tenía, si es que ya no la tiene todavía, una de las ciénagas
en las que recolectaba su dinero negro y en Rita Barberá, autoritaria como
pocas y, por tanto y por más que lo desmienta, al tanto de todo lo que aparece
en el sumario, una de las responsables del lavado de tanto dinero negro como se
ha captado.
Debería saber la ex alcaldesa que, aunque haya lavado más
blanco que nadie, hay demasiados cercos en su colada.
1 comentario:
Es una pasada !
Saludos
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