Al PP, al igual que a CiU, le gustaría sufrir, que
sufriésemos, en silencio, como si de unas rebeldes hemorroides se tratase, la corrupción.
Lo tienen muy claro como claro lo dejó el propio Rajoy en Sitges, cuando este
fin de semana, atribuyó su hostia electoral, quién sabe si
"hundimiento", a la corrupción, pero, sobre todo, al martilleo
incesante de los medios al informar sobre ella.
Quizá por ello, los populares y los catalanes de CiU se
pusieron de acuerdo ayer en el Congreso para aliviar a los corruptos y a otros
presuntos delincuentes la llamada "pena de telediario", esa que sufre
todo aquel que, como Rato, es sacado de su domicilio en medio de agentes,
previa convocatoria a la prensa, o acude a los juzgados con fecha y hora
prefijadas. Se pusieron de acuerdo para prohibir la toma de esas imágenes que,
desde hace unos meses ocupan las portadas de la prensa y los telediarios. Uno y
otro partido se comportaron con su decisión como esos jinetes, los picadores,
por ejemplo, que tapan limitan la visión de sus caballerías, no para evitar que
se asusten, sino para que, en medio del susto, den con los huesos del que las
monta en tierra.
Al PP y también a CiU les preocupa menos la corrupción que
el ruido que provoca o el efecto que ese ruido provoca en la ciudadanía. Al PP,
está claro, no le preocupa que unos cuantos de sus consejeros en Madrid,
Valencia, Murcia, Baleares o Castilla y León, estén imputados, Si no, creo yo,
no estarían en sus cargos o formarían parte de sus listas electorales. Lo que
les preocupa es que quienes se han quedado sin vivienda, sin trabajo o sin
futuro relacionen el saqueo pertinaz de lo público, los abusos, las corruptelas
y los contratos "de favor" que se firman con los amigos y padrinos
del gobierno, con quienes aparecen una y otra vez en tertulias y telediarios,
entrando y saliendo de los juzgados.
Yo mismo podría decir que no es justo someter a quienes aún
no han sido condenados a humillarse ante los flashes y las cámaras cada vez que
acuden, y son muchas, a un juzgado. Sin embargo, esto que tanto preocupa ahora
al PP y a CiU, ni es nuevo ni es exclusivo de la política, porque la "pena
de telediario" la sufren cuantos rengan la desgracia de aparecer en una
investigación o un sumario, sin que nadie ponga a salvo su presunción de
inocencia o el respeto que cualquier ciudadano merece.
Podría decirlo y lo pienso, sin embargo me parece que lo de
CiU y su socio en la propuesta, el PP, actúan con una cierta hipocresía, puesto
que, cuando los reos de esa condena catódica han sido otros, no sólo no se han
apiadado de ellos o han salido en defensa de sus derechos, sino que han jaleado
el escarnio y lo han utilizado sin pudor como munición para sus adversarios.
Al PP no le gusta que el mismo día nos enteremos de la
imputación de dos consejeros en funciones de los gobiernos de Aguirre, Salvador
Victoria y Lucía Figar. Como tampoco le gustara que apenas unas horas después
de conocer estas últimas imputaciones, nos enteremos de que el marido de esa
consejera, famosa por haber abandonado la enseñanza pública en Madrid, en favor
de la privada, especialmente la confesional y especialmente la relacionada con
el Opus Dei, Carlos Aragonés, que fuera jefe de gabinete de Aznar, olvido
mencionar en la declaración de actividades que todo diputado debe entregar al
Consejo, pese a formar parte de la comisión de Cultura de la cámara que forma
parte del consejo de administración de la editorial Rialp, ligada también al
Opus Dei.
No sé por qué soy tan desconfiado, porque seguro que si el
PP o hace será, como todo lo que hace, por nuestro bien. Y, si nos quita el
martillo, es para que no nos machaquemos los dedos con los que hemos de votar,
aunque, tal y como están las cosas y cuando la Audiencia Nacional vuelva a su
sede en la acera de enfrente de Génova 13, será más rentable cavar un túnel que
una uno y otro edificio, mientras tanto, luz y taquígrafos.
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