Al paso que vamos, se va a hacer necesaria la convocatoria
de nuevas plazas en la Guardia Civil, sólo para hacer frente a la creciente
demanda de guardias para los registros judiciales relacionados con la
corrupción. Sólo ayer, este cuerpo policial tuvo que dar cobertura a la
inspección y el requerimiento de la documentación exigida por un
"humilde" juez de la localidad tarraconense de El Vendrell en ciento
veintitrés ayuntamientos de toda España.
Que la corrupción estaba institucionalizada en demasiados ayuntamientos
era cosa sabida, pero, de ahí a hacer de ella una industria, va un abismo, el
abismo por el que puede despeñarse nuestra fe en la democracia y nuestra
credibilidad como país. Afortunadamente, aún hay servidores del Estado que, a
pesar de la incomprensión de sus compañeros, de las presiones de sus superiores
y de lo fácil que es rendirse ante ellas, hacen su trabajo con pulcritud y
entusiasmo sin dejar de tirar de ninguno de los mochos hilos que deja al
descubierto cualquier caso de corrupción.
Al joven juez de El Vendrell, la denuncia de una concejala de Esquerra Republicana en el ayuntamiento de Torredembarra le puso sobre la pista de lo que parecía
un caso aislado de lo que parecía únicamente corrupción local ligada al
urbanismo y los servicios y, tras largos meses de trabajo, le ha permitido, a
él y a la Guardia Civil local, desentrañar una tupida red de corrupción
institucionalizada que se servía de una empresa que actuaba como si de una
gestoría se tratase, mediando entre empresarios deseosos de contratar y
ayuntamientos que, a cambio de importantes mordidas previamente establecidas
lograban para ellos los anisados contratos.
Hasta ahora pensábamos que la corrupción era cosa de dos, el
corruptor, generalmente un empresario, y el corrompido, cualquiera con
capacidad para contratar en nombre de la administración y moral tan distraída
como para dejarse sobornar personalmente o en nombre de su partido. Ayer hemos
sabido que en este negocio hay más actores. Actores que serían algo así como
granados o correas por cuenta ajena que movían ante los empresarios en cuestión
todo un catálogo de obras y adjudicaciones entre las que elegir, cobrando,
claro está, por sus servicios.
Todos recordamos, o al menos deberíamos hacerlo, aquella
dura acusación del entonces president de la Generaitat, Pasqual Maragall, en
una tórrida sesión del Parlament a Artur Mas, señalándole como causa de su
actitud un único problema, el del "tres por ciento". un problema que
ahora sabemos que no era el único que tenía Mas y que ni siquiera era exclusivo
del que hoy ha quedado sólo como líder de una Convergencia a punto de
desaparecer.
Inmediatamente, todos se echaron sobre Maragall, incluso
desde las propias filas de su partido, para que rectificase su actitud y se
disculpase, como acabó haciendo, ante sus adversarios. Mal asunto para este
país que aquello no pasase de mero incidente, de simple bronca parlamentaria.
Malo que el ex president Maragall se retractase, malo que a nadie le pareciese
oportuno abrir una investigación sobre lo insinuado por el socialista, pero
peor aún que la prensa, al menos la catalana, a la que tanto hemos admirado
tantos, se encargase de desvelarnos de qué estaba hablando don Pasqual.
Memoria y curiosidad son facultades del pensamiento humano
que no deberíamos dejar de lado, como tampoco deberíamos aparcar nuestra lógica
cuando nos acercamos a la política. Y lo escribo porque, si actuásemos con
lógica, no consentiríamos como hemos consentido tanto y tantas veces que se nos
diga que la externalización de actividades que corresponden a los organismos
públicos porque, sin ellas, no podrían cumplir con sus fines. Pero nos han
contado una y otra vez que lo público es incapaz de gestionarse a sí mismo ni de
hacerlo bien. Nos han tratado de convencer, y a algunos han convencido, de algo
tan absurdo como que es más barato externalizar cualquier servicio, a sabiendas
de que en el precio de la externalización ha de ir incluido el lucro del agente
externo.
Son las cosas de la ingeniería financiera, de los nuevos
modos de gestión de lo público, que, las más de las veces no hacen otra cosa
que abrir agujeros en los silos de la administración por los que las ratas de
la gestión privada saquean el grano que es de todos y para todos, los agujeros
de los que vive el Tres Por Ciento S.A.
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