Hubo un tiempo en que algunas zonas de Madrid, el barrio de
Salamanca, fundamentalmente, estaban cerradas a la libre circulación de los
ciudadanos. Fue durante los primeros años de la transición y, con absoluta
pasividad por parte de la Policía, cuando no con plena connivencia,
nadie podía cruzar las fronteras imaginarias trazadas por grupos
de jóvenes y mayores, uniformados o no, que, al grito de ¡Viva Cristo
Rey!, podían abrirte la cabeza sin más o después de poner a prueba tus
conocimientos de algún que otro himno fascista o la propia dignidad
del interceptado.
Resultaba indignante. Todo un barrio, uno de los más
hermosos y tranquilos de la capital, acostado en el Retiro, en manos de esos
energúmenos. Tan indignante que algunos, con el tiempo, hemos acabado
excluyéndolo en nuestra guía sentimental de la ciudad y sólo ahora que aquellos
animales han dejado de patrullar sus calles y bares, para irse a vivir con papá
y mamá a los alrededores de la carretera de la Coruña, me dejo ver por allí,
especialmente cuando en el Retiro hay Feria del Libro.
Agua pasada y recuerdos de lo que ocurría hace más de
treinta años. Pero no tan pasada. Porque, ayer, cuando supe de la orden del
Ministerio del Interior que establece un límite de seguridad, se habló de
trescientos metros a la redonda, en torno a los domicilios de quienes, políticos
y banqueros, están siendo objeto de escraches por parte de quienes piensan
que unos y otros son responsables, por acción u omisión, de tantos
desahucios, ya de por sí duros, que, en ocasiones, han desembocado en
verdaderas tragedias humanas, con niños, ancianos y enfermos arrojados
a la "puta" calle y víctimas mortales, colgados en la casa que
les iban a quitar o destrozados a los pies de la misma en patios y calles.
Interior no quiere que se perturbe la vida de esos
ciudadanos especiales, tan especiales que pareciera que de dejasen extirpar el
corazón a cambio de su acta de diputado o senador, para no tener que
conmoverse ante las consecuencias de una legislación que a ellos jamás les va a
afectar pero que, a centenares de miles de ciudadanos, les ha
arruinado ya y para siempre la vida. Por eso ha dado orden de establecer
esos círculos de seguridad en torno a ellos, trescientos metros, una plaza de
la Cibeles alrededor a cada uno de ellos. Multipliquen las dimensiones de esa
glorieta de Cibeles por trescientos cincuenta diputados y doscientos sesenta y
cinco senadores, olvidémonos por ahora de banqueros y similares y tendremos una
superficie inabarcable, superaría con creces el casco urbano de Madrid y
obligaría a desplegar miles de policías para controlarla.
Todo, porque a unos y otros no les gusta verse en el espejo.
Ven el país a través de los papeles que les pasa el partido y deciden
sobre él con el cerebro limitado a los tres dedos del compañero de grupo que
"ordena" el sentido de su voto. Ellos se resignan a tan castrante
actividad porque comen, duermen viajan y cobran a costa de nuestros impuestos y
porque, además, hacen carrera, una carrera que a saber hasta dónde les llevará.
Por eso no entienden que la gente no quiera seguir
resignándose, como ha hecho hasta ahora, a votar, o no votar, cada cuatro años
y perder entre elección y elección cualquier posibilidad de controlar lo
que hacen sus representantes. Se quejan de los escraches después de haberle
hecho una pedorreta a la pacífica y constructiva iniciativa de quienes ahora
rodean sus domicilios, que presentaron la iniciativa legislativa más respaldada
de los treinta y cinco años de Constitución. Como siempre, la única solución que se les ocurres,
excepción hecha del decreto sobre la Función Social de la Vivienda,
recién publicado por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, es la
policial.
Buscan para ello razones en los mismos derechos humanos a
los que los escracheados se empeñan en dar la espalda. Derechos como la
inviolabilidad del domicilio -inviolabilidad del barrio a ojos del Ministerio
del Interior- o la protección de la infancia -qué poco se acuerdan de los hijos
de los que son desahuciados- a la que hay que evitar el sufrimiento de ver
señalados a sus padres.
Para acabar, dos ejemplos sobre esto último: el de Felipe
González ha criticado los escraches por el daño que puedan causar a los hijos
de los señalados, sin que yo tenga constancia de que tan bien pagado asesor del
hombre más rico del mundo haya dicho otro tanto de los hijos de los
desahuciados, y el del ex diputado popular canario Sigfrid Soria, que ha
amenazado con "arrancar la cabeza a cualquier perroflauta" que se
atreviera a acosarle, intimidarle o agredirle -no especifica en cuál de los
tres casos usará la violencia- se llevará una hostia por su parte.
En fin, lo que decía al principio, corregida y aumentada, vuelve la "Zona
Nacional".
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