Poco a poco se van contrastando con informes policiales y
documentos elevados ante el juez todas las apariencias que quitan el sueño y el
don de la palabra a los dirigentes del PP. Cada vez más, la batalla por el
castigo a lo que en apariencia no ha sido más que un corrupto abuso de poder
por parte del PP que, con el dinero público, que es de todos, que pagaba obras
y concesiones, compensaba todas esas generosas donaciones "en negro"
de los adjudicatarios, con las que, a su vez, pagaba SOBREsueldos a sus dirigentes
y todos los excesos electorales que desde hace décadas vienen dándoles ventaja
ante las urnas.
Sería triste y muy frustrante que, ahora que ya lo vamos
sabiendo todo, una vez más se durmiera el caso ante los tribunales para, con
las artimañas de siempre, conseguir su anulación o, lo que sería aún más
insultante, la prescripción de los delitos investigados, algo que me mosquea y,
más aún, después de haber escuchado a Carlos Floriano que ayer dijo en Radio
Nacional, a propósito de las acciones legales que emprendería su partido, en
principio contra EL PAÍS y, supuestamente, contra Bárcenas, "tenemos cuatro
años".
¿A qué se refería el secretario de Comunicación del PP? Si a
la legislatura le quedan sólo tres años, le sobra uno a su plazo ¿Hablaba
entonces del plazo para que prescriban los delitos que investiga Ruz? Espero
que no, pero, visto lo visto, creo que "dormir" el caso para agotar
los plazos legales sería lo único que permitiría a Rajoy pavonearse de presidir
el único partido de gobierno no condenado por corrupción, pese a que sea
evidente que se ha corrompido. Parece, como digo, que es esa la única
estrategia que les queda, eso que, con ese amaneramiento tan propio de oficina
de prensa del PP y otros partidos, se denomina "gestionar los
tiempos", técnica en la que -dicen- Rajoy es un maestro.
Algo tienen que hacer, alguna ficha deben mover, porque la
unificación de las investigaciones sobre la trama Gürtel y los papeles de
Bárcenas está a punto de hacer saltar los plomos en el cuarto de máquinas del
PP, especialmente en su asesoría jurídica, que tanta visión ha demostrado -es
ironía, claro- en la contratación y despido de los apestados Bárcenas y
Sepúlveda.
El truco estaría en restar diligencia a las diligencias
-valga la redundancia- emprendidas por el juez Ruz. La instrucción de este caso
es compleja, porque hay que remover una montaña de papeles que los agentes de
la Policía asignados al caso y el personal de la Agencia Tributaria que deben
atender sus peticiones deben recibir a tiempo. Por eso, el magistrado Ruz
necesita más que nunca toda la ayuda que se le pueda prestar. Necesita
refuerzos aquí y allá. Y la asignación de ese personal está en manos del
gobierno del partido que está siendo investigado.
A mí me falta fe. Y más, si pienso en que la Agencia
Tributaria depende del ministro que, desde el día siguiente a la gala de los
Premios Goya, está utilizando partidariamente la información de que dispone,
aunque siga siendo privada, sobre el estado de la tributación de actores,
partidos y, ahora, "creadores de opinión". No me tranquiliza mucho
más saber que al frente del Ministerio de Justicia, del que dependen los
presupuestos de los juzgados, está Gallardón, el ministro que forzó y justificó
la dimisión del fiscal jefe de Cataluña, o que el ministro de la policía no es
capaz de sobreponerse a sus creencias y opiniones, aunque vayan en sentido contrario
de las leyes.
Produce miedo y depresión pensar en todo ello ¿verdad?
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