Para ilustrar esta entrada sobre el estado policial al que
nos quieren conducir algunos podía haber escogido cualquier fotograma de la
magnífica serie de HBO "The Wire", que narra el papel de las escuchas
telefónicas policiales en el acosos a la delincuencia organizada en Baltimore,
o podía, como al final he hecho, optar por otro de "La vida de los
otros", la magnífica película de Florian Henkel que nos introduce en la
miserable vida del policía encargado en la vieja RDA de la vigilancia y
denuncia de sus vecinos.
Aclaro que de lo que quiero hablar es de todas esas
actuaciones preventivas y restrictivas con las que políticos partidarios del
palo y tente tieso o policías deseosos de mover la porra, y a estas horas os
aseguro que no sé quién da las órdenes a quién, con las que se pretende
estrangular cualquier atisbo de protesta organizada contra todo lo que nos está
haciendo el gobierno con el silencio, si no cómplice, sí al menos útil de la
oposición socialista. Y os aclaro también que, si la opción elegida es la de "La
vida de los otros, es porque en esta historia quienes son objeto de la
vigilancia, escuchados hasta en la cama, son ciudadanos normales que lo único
que persiguen es vivir en libertad.
Vivir en libertad y vivir en bienestar. Eso es lo que
perseguían y persiguen los imputados de manera preventiva a instancias el
ministerio del Interior que hoy comparecen ante el juez en la Audiencia
Nacional, después de haber sido espiados, seguidos e identificados por policías
de paisano en un estilo que recuerda más a los tiempos de la dictadura, con la
Brigada Político Social del odiado Billy el Niño o el comisario Conesa, que a
lo que cualquier ciudadano que cree vivir en democracia espera de sus fuerzas
de seguridad.
La policía ha investigado asambleas y reuniones abiertas, ha
pedido la identificación a quienes se expresaban en ellas, ha seguido o otros,
les ha interceptado en plena calle y les ha interceptado y les ha obligado a
identificarse, como si estuviesen cometiendo un delito. También han pretendido
que las empresas que dan soporte a las redes sociales les facilitasen la
identificación de los equipos y las direcciones de correo electrónico desde las
que se difundieron las convocatorias. Además, el juez Pedraz, posiblemente
abducido por la presión policial, dio orden, posteriormente revocada, para que
las entidades bancarias identificasen a todos aquellos que hicieron ingresos o
transferencias en las dos cuantas corrientes facilitadas para fletar los
autobuses que trasladaron a Madrid a quienes quisieran participar en la
concentración frente al Congreso.
Todo excesivo, todo aspavientos inútiles en
un Estado de Derecho, pero todo dirigido a un único fin, el de
"acojonar" a quienes están hasta las narices de no tener trabajo, a
quienes están cabreados por no poder estudiar como lo hicieron sus padres o sus
hermanos, a quienes temen que la pensión con que sacan adelante a sus hijos
parados se vea reducida a limosna, a quienes han perdido o están a punto de
perder su casa, a quienes sobreviven con una dieta de posguerra, sin carne ni
pescado, a quienes se asfixian ante la persecución que sufre la cultura en
España, a quienes, en resumen, están viendo como se desmorona su futuro,
mientras los ricos son cada vez más ricos y más soberbios.
Estoy escribiendo esto y escucho como la Policía está
pidiendo su identificación a los periodistas que esperan, a las puertas de la
sede provisional de la Audiencia Nacional, la comparecencia de los ocho
imputados preventivos desde el mes de agosto.
No sé qué pensar. Me da la impresión de que alguien maneja
una especie de "estrategia del 10%", similar a aquella tan terrible
de la "Escuela de las Américas", en la que militares norteamericanos
formaron a los torturadores de las dictaduras del Cono Sur. Una estrategia a la
que se aplicaron todos esas asesinos, según la cual, actuando sobre un 10% de
la población se conseguía el control del resto.
Menos mal que hoy son impensables, espero, las
desapariciones, pero está claro que las cabezas pensantes de Interior están
dispuestas a asustar, mediante imputaciones, palos o abusos de autoridad, al diez por ciento de los españoles.
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