LA JUSTICIA, HIPOTECADA

Mal día el de ayer para la justicia española. Arrancó en la Europa a la que nos queremos parecer -allí los jueces son más diligentes y madrugan más que aquí- con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, la última esperanza de los justiciables injustamente tratados por la justicia, y arrancó con un serio revés, no sólo para la magistrada de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, que presidió el tribunal que condenó a Arnaldo Otegi a una pena de dos años de prisión ya saldada y a diez años de inhabilitación por su presunto intento de reorganización de Batasuna, sino también, así hemos de deducirlo, para el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que no atendieron la reclamación del dirigente abertzale, cuando reclamaba su derecho a un juicio justo que, como ha sancionado el TEDH, no tuvo al ser rechazada su recusación a esa juez, Ángela Murillo, que en un juicio anterior había dado claras muestras no sólo de animadversión, sino, incluso, de un cierto desprecio al acusado.

Los malos modos y el "desparpajo" jocoso de la juez que tenía que decidir sobre la libertad del acusado y su derecho a presentarse a las elecciones deberían haber hecho saltar las alarmas, primero en la Audiencia Nacional, luego en el Tribunal Supremo y por fin en el Constitucional, pero en ninguna de estas instancias se atendió la reclamación de Otegi, que fue juzgado por una magistrada que, en el mejor de los casos, no supo guardar las formas ni mantener el respeto debido al acusado, por lo que, elevado el caso al Tribunal de Estrasburgo, éste ha acabado dando la razón a Otegui y anulando su pena de inhabilitación, por no haberse respetad su derecho a un juez imparcial y, por tanto, un juicio justo.

Ese "palo" fue el primer trago que tuvo que tragarse ayer la justicia española, pero no sería el único, porque, unas horas más tarde, la Sala de lo Contencioso Administrativa, reunida en pleno, consagro el "donde dije digo, digo Diego", haciendo saltar por los aires la sentencia dictada hace quince días por una sección de la misma sala, que al día siguiente había dejado en suspenso su presidente, Luis María Díez Picazo. que tras dos días de deliberación se desdijo de su primer voto que optaba por obligar a los bancos a pagar el maldito impuesto de actos jurídicos de las hipotecas, para de repente inclinar la balanza en sentido contrario, eximiendo al poderoso, la banca, de pagar el impuesto, para cargarlo sobre el cliente.

Se ve que al presidente Diez Picazo le debía parecer mucho lo que debería pagar la banca por los cuatro años no prescritos de haber esquivado el pago del impuesto obligado en la formalización de las hipotecas y, por ello, para ahorrar a la banca ese desembolso así, “dé golpe", era partidario de hacer borrón y cuenta nueva, atendiendo a la injusticia señalada en la primera sentencia, pero "pasando" de la retroactividad del fallo, para ahorrarle toda esa pasta a la banca. Lamentable, pero más aún, si se tiene en cuenta el modo en que Díez Picazo llego a su cargo, de la mano del dedo de Carlos Lesmes y con probadas vinculaciones con la banca con la que, en ocasiones, había colaborado.

Demasiadas coincidencias. Tantas que uno acaba echando en falta, también en este terreno, un VAR que permita ver los penaltis, las faltas y os fuera de juego con los que algunos magistrados toman sus decisiones. Por eso creo, como ayer sugería en mi muro de Facebook, que harían muy bien nuestros periodistas en cumplir con su obligación de vigilar, como un VAR de papel, las circunstancias de cada uno de esos magistrados, dando cuenta de los créditos que reciben, las becas, las publicaciones, los cursos y seminarios, los ciclos de conferencias y los viajes y congresos en que participan, que financian las entidades bancarias sobre las que, antes o después, en un país tan judicializado como éste, en el que la banca comete tantos abusos sobre sus clientes. Esa y no otra, gracias a la torpeza de unos cuantos magistrados, es la hipoteca que pesa y va a seguir pesando sobre la justicia española que, tras la sentencia de la manada, las correcciones del Tribunal de Estrasburgo y el bochornoso espectáculo de ayer en el Supremo, va a tener que pagar en prestigio del que cada vez está más mermada.