EL JUEGO DE LAS TOGAS

Una vez más nos asomamos al abismo que genera uno de los agujeros negros de la esta imperfecta democracia que más o menos a regañadientes nos hemos dado, un agujero que no es otro que el que genera el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el órgano más contestado quizá de todo el sistema, precisamente, porque es el órgano en cuyas manos se pone el gobierno de los jueces y ya se sabe que nadie o casi nadie acude a los tribunales por gusto y nadie o casi nadie sale de ellos plenamente feliz con sus fallos.

Es una elección trascendental la que probablemente se resuelva esta tarde, porque quienes resulten elegidos se encargarán de elegir a su vez a su presidente, que lo es además del Tribunal del Supremo y de los presidentes de las diversas salas, así como de los de los tribunales superiores de Justicia de cada comunidad autónoma. que, con su voto de calidad, como acabamos de comprobar en nuestras carnes con la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas, pueden volcar y revolcar el sentido de los fallos que pasan por sus manos.

En algún momento de nuestra democracia se decidió que en la elección de ese órgano de gobierno de nuestra justicia que es el Consejo General del Poder Judicial, tuviesen la última y única palabra los partidos políticos, con un número de votos en la elección proporcional al número de escaños que ocupan en el Congreso de los Diputados y el Senado, lo que ha llevado a vestir a cada uno de los miembros del Consejo, a veces injustamente, pero casi siempre con razón, con la camiseta del partido que le dio sus votos, algo que acaba pesando y casi nunca para bien en sus decisiones.

En este país, sometido desde hace casi cuatro décadas al bipartidismo y enfermo grave de corrupción, lo que más ha preocupado a esos partidos ha sido cubrirse las espaldas con los muchos aforamientos que sirven de parapeto a sus cargos inmersos en procesos judiciales que, invocando el fuero, no sólo alargan los tiempos del procedimiento, sino que, además, se ponen en manos de jueces que en algún momento de su carrera han recibido las bendiciones de éste o aquel partido.

Todo lo dicho, unido a esa forma de cobardía que eufemísticamente  llamamos prudencia, lleva al triste espectáculo del "intercambio de cromos" que se produce entre representantes de esos partidos cada vez que se enfrentan a la elección del Consejo, Entramos entonces en ese "los amigos de mis amigos son mis amigos" que, llevado al límite, nos pone ante absurdas tales como que la guinda del pastel, el nombre del presidente del Consejo, sea lo primero que se coloca en la tarta, antes incluso del bizcocho o las capas de nata, merengue o chocolate con que se levanta.

Eso es lo que parece que va a ocurrir en la elección del próximo consejo, el que tomará el relevo del que, para nuestra desgracia y la de la Justicia, presidirá unas semanas más Carlos Lesmes. Por lo que hemos sabidos hasta ahora, PSOE y PP, para no hacerse daño en la refriega, ya han decidido quién será el nuevo presidente, el hasta ahora presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y encargado por tanto de presidir el juicio a los presuntos responsables de la irregularidades del "Procés", Manuel Marchena, un conservador con fama de dialogante, al que apoyaría también el PSOE a cambio de conseguir una mayoría progresista en la composición del consejo, un pasteleo, vamos, que no hace otra cosa que perpetuar el tufillo a componenda que emana siempre del órgano de debería velar por el buen funcionamiento de la Justicia,

De esta salida tan poco honrosa lo único positivo sería que el denostado Caros Lesmes, denostado por méritos propios, tendría los días contados, y se evitaría por tanto la prórroga de su mandato, lo único que le faltaba al sombrío panorama de la justicia española. De modo que una vez más nos vemos de hoz y coz ante el espectáculo nada edificante del juego de las togas que casi siempre aparenta ser una cosa y, al final, deja a más de uno colgado de la brocha de su pacto y traicionado para los próximos cinco años.

LA JUSTICIA, HIPOTECADA

Mal día el de ayer para la justicia española. Arrancó en la Europa a la que nos queremos parecer -allí los jueces son más diligentes y madrugan más que aquí- con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, la última esperanza de los justiciables injustamente tratados por la justicia, y arrancó con un serio revés, no sólo para la magistrada de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, que presidió el tribunal que condenó a Arnaldo Otegi a una pena de dos años de prisión ya saldada y a diez años de inhabilitación por su presunto intento de reorganización de Batasuna, sino también, así hemos de deducirlo, para el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que no atendieron la reclamación del dirigente abertzale, cuando reclamaba su derecho a un juicio justo que, como ha sancionado el TEDH, no tuvo al ser rechazada su recusación a esa juez, Ángela Murillo, que en un juicio anterior había dado claras muestras no sólo de animadversión, sino, incluso, de un cierto desprecio al acusado.

Los malos modos y el "desparpajo" jocoso de la juez que tenía que decidir sobre la libertad del acusado y su derecho a presentarse a las elecciones deberían haber hecho saltar las alarmas, primero en la Audiencia Nacional, luego en el Tribunal Supremo y por fin en el Constitucional, pero en ninguna de estas instancias se atendió la reclamación de Otegi, que fue juzgado por una magistrada que, en el mejor de los casos, no supo guardar las formas ni mantener el respeto debido al acusado, por lo que, elevado el caso al Tribunal de Estrasburgo, éste ha acabado dando la razón a Otegui y anulando su pena de inhabilitación, por no haberse respetad su derecho a un juez imparcial y, por tanto, un juicio justo.

Ese "palo" fue el primer trago que tuvo que tragarse ayer la justicia española, pero no sería el único, porque, unas horas más tarde, la Sala de lo Contencioso Administrativa, reunida en pleno, consagro el "donde dije digo, digo Diego", haciendo saltar por los aires la sentencia dictada hace quince días por una sección de la misma sala, que al día siguiente había dejado en suspenso su presidente, Luis María Díez Picazo. que tras dos días de deliberación se desdijo de su primer voto que optaba por obligar a los bancos a pagar el maldito impuesto de actos jurídicos de las hipotecas, para de repente inclinar la balanza en sentido contrario, eximiendo al poderoso, la banca, de pagar el impuesto, para cargarlo sobre el cliente.

Se ve que al presidente Diez Picazo le debía parecer mucho lo que debería pagar la banca por los cuatro años no prescritos de haber esquivado el pago del impuesto obligado en la formalización de las hipotecas y, por ello, para ahorrar a la banca ese desembolso así, “dé golpe", era partidario de hacer borrón y cuenta nueva, atendiendo a la injusticia señalada en la primera sentencia, pero "pasando" de la retroactividad del fallo, para ahorrarle toda esa pasta a la banca. Lamentable, pero más aún, si se tiene en cuenta el modo en que Díez Picazo llego a su cargo, de la mano del dedo de Carlos Lesmes y con probadas vinculaciones con la banca con la que, en ocasiones, había colaborado.

Demasiadas coincidencias. Tantas que uno acaba echando en falta, también en este terreno, un VAR que permita ver los penaltis, las faltas y os fuera de juego con los que algunos magistrados toman sus decisiones. Por eso creo, como ayer sugería en mi muro de Facebook, que harían muy bien nuestros periodistas en cumplir con su obligación de vigilar, como un VAR de papel, las circunstancias de cada uno de esos magistrados, dando cuenta de los créditos que reciben, las becas, las publicaciones, los cursos y seminarios, los ciclos de conferencias y los viajes y congresos en que participan, que financian las entidades bancarias sobre las que, antes o después, en un país tan judicializado como éste, en el que la banca comete tantos abusos sobre sus clientes. Esa y no otra, gracias a la torpeza de unos cuantos magistrados, es la hipoteca que pesa y va a seguir pesando sobre la justicia española que, tras la sentencia de la manada, las correcciones del Tribunal de Estrasburgo y el bochornoso espectáculo de ayer en el Supremo, va a tener que pagar en prestigio del que cada vez está más mermada.