Parece que, por fin, el Gobierno se dispone a entrar en el
sucio asunto de las preferentes y parece que lo hace desde la mala conciencia
que supone que la administración, no importa de qué color, haya consentido una
estafa de esta características a quienes lo único que pretendían era mantener
vivos su ahorros, los ahorros de toda una vida.
Parece que lo que aprobará el ejecutivo el próximo viernes
serán limitaciones a la venta de estos productos financieros, hasta ahora
camuflados como depósitos a largo plazo, en cuya contratación se destacaba una
serie de cifras y fechas para esconder los verdaderos plazos, prácticamente de
por vida, y la volatilidad de los intereses, algo que hicieron también, y
especialmente, las cajas de ahorros que por el carácter "casi
familiar" en ocasiones y por el hecho de no cotizar en bolsa hizo pensar a
las víctimas del engaño que su depósito quedaba a buen recaudo.
Pero no. Las preferentes eran un producto financiero de alto
riesgo que se "colocó" a todo tipo de gente, desgraciadamente muchos
de ellos eran humildes jubilados que pretendían estirar o asegurara ese dinero
que siempre se guarda para un apuro. Fue precisamente cuando alguna de estas
víctimas quiso rescatar el depósito para alguna urgencia, y estos tiempos están
llenos de ellas, cuando comprobaron que ese dinero, aunque suyo, no estaba a su
disposición en décadas.
Hace bien el Gobierno en poner límites a estas prácticas,
porque por la extensión de las mismas y el perfil de los afectados tiene
características de estafa masiva. A partir de hora, los afectados tendrán que
firmar de su puño y letra una declaración en la que admitan conocer todas, y
subrayo lo de todas, las condiciones. Tampoco, parece, se consentirán a los
particulares operaciones por menos de los 100.000 euros.
Quizá lo anterior sea una solución de futuro, pero qué va a
pasar con los afectados que ya han caído en la trampa que les tendieron. Para
hacerse una idea de la dimensión del problema, basta con asomarse a cualquiera
de las manifestaciones que casi todos los fines de semana se convocan en muchos
puntos de España, fundamentalmente en Galicia: miles de personas de todas las edades
con sus pancartas y sus pitos, reclamando lo que es suyo.
Eso en la calle, porque a quienes se acercan a sus
sucursales sólo les dan largas y tratan de consolarles con absurdos como el de
que muchos de los empleados, también los que las "vendían", se las
han colocado a sus familiares, con lo que el principal argumento de los bancos,
ese de que quien las compraba sabía lo que hacía se desmorona, porque se supone
que los empleados de banca algo saben de esto.
El problema es enorme y tendrá consecuencias en el futuro de
muchas poblaciones, porque las hay, en Galicia y en Castilla La Mancha, en las
que más de la mitad de sus habitantes han mordido el anzuelo y un pueblo
deprimido y sin dinero es un pueblo sin futuro.
Por último y hablando de futuro ¿qué va a pasar con los
autores y los consentidores de la estafa? ¿Por qué la prensa guardó silencio
hasta que el asunto era ya un clamor en la calle? ¿Por qué tardó tanto la CNMV
en adoptar tímidas medidas contra esta práctica? ¿Era el gobernador del Bando
de España una majorette de las entidades estafadoras?
No sé cuál va a ser la solución que se les dé a los
afectados, pero no creo que les satisfaga el canje por acciones o cualquier
otro tipo de productos negociable, porque está claro que el mercado no está
para bromas No creo, insisto, en que se atrevan. Con este tipo de operaciones,
los bancos y las cajas se apropiaron, en un verdadero atraco a mano armada, de
gran parte de los ahorros de sus clientes. El exceso de cemento y de ladrillos
les asfixiaba y trataron de toma aire en lo que no era suyo. Ahora, mientras el
Gobierno y el BCE se vuelcan en ayudar a los bancos, a nuestra costa claro,
pero de los estafados con las preferentes, nada.
¿Será cierto lo de que la banca siempre gana?
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