En poco más de un año, el tiempo que lleva el Partido
Popular en el Gobierno, asistimos a la curiosa resurrección, si es que alguna
vez la hubo, de la confianza de los españoles en la justicia. En medio del
paro, los desahucios, la estafa de las preferentes y otras desgracias
parecidas, únicamente algunas decisiones judiciales vienen actuando como
bálsamo reparador de tanto dolor y tanta desesperanza.
Qué poco podía esperar el triunfante PP. a caballo de su
demoledora mayoría parlamentaria, que iba a ser en los tribunales donde iba a
encontrar el contrapeso que le falta en todo lo demás. No sería justo
atribuirle únicamente al ministro Gallardón y su absolutismo a la hora de su
pretendida y pretenciosa reforma de la Justicia la reacción de los jueces, pero
no cabe duda de que algo está cambiando en la carrera judicial, pero, lo
cierto, es que el partido en el gobierno nunca hubiera imaginado el calvario
judicial que está pasando.
El propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce,
alguna de cuyas decisiones no fueron muy bien acogidas en principio, acaba de decirle
a la ciudadanía lo que estaba esperando y que no es otra cosa que, en los que
tiene que ver con Bárcenas, sus cuentas y sus papeles, mientras el gobierno y
el PP se empeñan en negar lo evidente, hay indicios suficientes para abrir una
investigación y llevarla hasta el final.
Bien es verdad que estos lodos judiciales son la consecuencia
de todo el esfuerzo y la profesionalidad de jueces y fiscales que una y otra
vez han mantenido vivos casos que instancias superiores parecían querer cerrar
a toda costa. Jueces y fiscales que, como Baltasar Garzón, han ido tirando de
los hilos que han llevado, por ejemplo, a la localización de todo ese dinero
controlado por Bárcenas en cuentas hasta hace poco opacas en la banca suiza.
Esa es la obligación de los jueces: dejar al descubierto
toda la basura que se esconde, en este caso en las cuentas del PP, en el más
que imperfecto y farisaico sistema de financiación de los partidos. Sería muy
deprimente volver a escuchar de prescripciones y sobreseimientos por defectos
formales en este asunto. Sería terrible, no sólo por la depresión en que nos
haría entrar, sino porque dejaría otra vez impune ese sistema tan parecido al
seguido por la mafia más clásica, que infiltra las instancias del poder,
especialmente el local, hasta asfixiarlo.
Ojalá tenga razón el fiscal Torres Dulce, ojalá esta
película, por una vez, termine bien y se ponga a cada uno en su lugar. Ojalá la
justicia acorte la distancia que ahora mismo separa a los ciudadanos españoles
de quienes les gobiernan. Y ojalá que ese "caiga quien caiga" que tan
interesadamente lanzó al aire Esperanza Aguirre, le alcance también a ella y la
obligue a pagar todas sus marrullerías.
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