MURCIA A TOPE

No os engañéis pensando que Mariano Rajoy. el "director general" de esa empresa incumplidora, evasora y tramposa que conocemos como Partido Popular, pone cara de asco en esa foto de un mitin de campaña, en la que se ve obligado a abrazar a su "delegado de ventas" en la región de Murcia. No me cabe duda de que eso que parece asco no es más que una de esas imágenes tramposas que quedan en las veloces cámaras de los profesionales al descomponer cualquier gesto inadvertido en una ráfaga de fugaces gestos, normalmente inapreciables.

No puede ser asco, quizá es sólo desprecio, porque el abrazado, Pedro Antonio Sánchez, al que Eloy Velasco, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el sumario de la Operación Púnica, señaló ayer como autor de unos cuantos delitos ligados con la corrupción, para que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ante el que está aforado, le acuse formalmente, ese abrazado es el que se hizo con el timón y el turbo corrupto del partido, para llevar a un PP renqueante a la victoria en las elecciones, que, como dicen sin rubor los políticos, debe ser la principal, si no la única, misión de los partidos.

Si a Esperanza Aguirre le crecen las ranas en el estanque del PP madrileño, a Mariano Rajoy le crecen sapos., sapos díscolos que, cuando se ven sorprendidos chapoteando en su charca se resisten a dejarla y amenazan con croar sus trampas a los cuatro vientos o con escupir su veneno a diestro y siniestro, caiga quien caiga.

Es lo malo de juntarse con esta fauna, con esta tropa, antes o después se van a ver entre la espada y la pared y está claro, no hay más que oírles hablar, que no van a tomar en solitario la palma del martirio y que todas y cada una de las defensas emprendidas por Rajoy y los suyos no son sinceras, sino que, más bien al contrario, lo que buscan es convertir a cada uno de los "pillados", esos que tanta gloria y tanta "pasta" han traído al partido, en escudos humanos tras los que esconder sus vergüenzas.

Rajoy no parece darse cuenta de que las cosas han cambiado. No quiere entender que el electorado ya no es capaz de aguantar la náusea como hasta ahora. El presidente del PP ha confiado siempre en que la manipulación de os datos y el camuflaje de las cifras del paro con ese subempleo o esa balanza de pagos maquillada de recuperación a base de factores externos, como el precio del petróleo a la baja o la inestabilidad de la costa norteafricana o Turquía, rivales en el mercado turístico. De lo que no se da cuenta es de que esa aparente prosperidad no tiene consecuencias en la población, especialmente en la más joven y de que, eso, acaba por pasar factura en las urnas.

Por eso, aquel "Murcia a tope" resuena en los oídos decentes como aquella cuenta obscena de los fajos de billetes recaudados entre Alfonso Rus y el hoy arrepentido yonqui del dinero, porque no es lo mismo imaginar que todo es una estrategia diseñada por las cabezas bien pensantes del partido que tener la evidencia de quienes son y cómo se expresan los extorsionadores y saqueadores que son en realidad.

Parece que, entre hoy y mañana, Pedro Antonio Sánchez dejará el cargo al que se ha aferrado con uñas y dientes. Pero, si lo hace, no será por vergüenza ni, menos, por arrepentimiento Si se va, lo hará para que no le echen en la moción de censura a la que se enfrentaría a partir de mañana. Es lo que tiene confundir dignidad y soberbia. Eso y no medir adecuadamente las fuerzas, porque estoy seguro de que Sánchez confiaba en manejar a los jueces y fiscales a su antojo y, por más razones que el ministro Catalá le hubiese dado para pensarlo, estaba equivocado.

 Rajoy debería haberse conmovido con la carta con que acompaño su petición de baja en el partido Alberto Garre, fundador del PP en Murcia. Pero no lo hizo. Seguramente, porque Alberto Garre es un perdedor, decente, pero perdedor y lo que el PP necesitaba para embaucar una vez más a su electorado no era decencia sino gente son escrúpulos, capaz de gritar con entusiasmo ese sonrojarte ¡Murcia a tope!

LA PEOR DE LAS SOSPECHAS

No puede haber en democracia peor sospecha que la de que uno de los pilares de Estado de Derecho, el de la Justicia igual para todos e independiente no es tal y, por desgracia, esa sospecha acaba de instalarse en la conciencia de quienes creemos en la división de poderes que hace fuerte al Estado y a los ciudadanos. Una situación y una alarma que, salvadas las distancias, evoca los tiempos oscuros en los que, en Italia, se persiguió hasta su muerte en atentado a los jueces Falcone y Borsalino por haber osado llevado ante la ley a los capos de la Mafia.

Ayer, como otros muchos, me fui a la cama con la noticia de que el Fiscal General del Estado, el que fuera magistrado del Supremos, tribunal en  el que se significó por su animadversión contra el ex juez Baltasar Garzón, cuya inhabilitación por su instrucción de los crímenes del franquismo defendió ante la sala que finalmente acabó con su carrera, había emprendido una cruzada contra todos esos fiscales que se habían significado en la persecución de los delitos de corrupción, especialmente contra el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, toda una figura de prestigio internacional por su trabajo contra el terrorismo yihadista y de ETA y, ahora, contra la corrupción, y, con él,  el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que había tenido la osadía de dar su visto bueno a la investigación del caso Auditorio, en la que se acaba de llamar a declarar ante el juez a Pedro Antonio Sánchez, presidente por el Partido Popular de Murcia.

Resulta evidente que hasta ahora la corrupción no había pasado factura al partido responsable, gracias a la aviesa Ley del Suelo aprobada en los tiempos de Aznar en el Gobierno, de los mayores desmanes urbanísticos. Quizá por ello no se había hecho necesaria la demostración de fuerza que ha exhibido el fiscal general contra sus subordinados más significados en el progresismo. Tan evidente como que no son casuales los repetidos robos, con allanamiento incluido, que ha sufrido en los últimos meses el más inmediato colaborador del fiscal, robos en los que ha desaparecido su ordenador portátil y nada más, a pesar de que en el domicilio había dinero y objetos de valor. Algo que puede interpretarse como un intento de hacerse con el material investigado o, salvando también las distancias, como un aviso, similar a aquella cabeza de pura sangre que los Corleone dejan en la cama del productor que se negaba a contratar al protegido de la "familia".

Ojalá sean sólo sospechas y tanto el fiscal general José Manuel Maza como el ministro de Justicia Rafael Catalá puedan dar una explicación coherente y tranquilizadora a lo que está ocurriendo, porque lo anterior, sumado a la vergonzante injerencia del ministro, "vapuleando" a las fiscales que investigaron al presidente Sánchez y manejando en público información y opiniones que deberían ser discretas, sumado a las presiones directa que están sufriendo el cesado Manuel López Bernal y sus familiares, resucitando contra ellos asuntos, como la tala de árboles, presuntamente protegidos, en su finca, ocurrida hace treinta y tantos años y, supongo que rebuscando en su basura, sus armarios y sus cajones.

Presiones y acosos que, pese a haber sido denunciadas ante la Fiscalía General y la Delegación del Gobierno no han sido investigadas, tal y como daba a entender el fiscal Bernal en la sobrecogedora entrevista que daba esta mañana a Pepa Bueno en la Cadena SER, no han sido investigadas ni, mucho menos, corregidas, De momento y, tras la emisión de la entrevista, el grupo socialista en el Congreso ha solicitado la comparecencia inmediata ante el Parlamento de los ministros de Justicia e Interior, del Fiscal general del Estado y del propio cesado y acosado fiscal Bernal.

Sólo espero que las comparecencias solicitadas por Antonio Hernando sirvan para algo más que para que unos y otros se tiren los trastos a la cabeza y que, de ellas o de sus consecuencias, salga el firme propósito de reforzar y proteger a quienes, desde sus puestos de trabajo, llevan a cabo tan importante labor de protección de nuestros derechos y bienes.

Únicamente dejando trabajar a los fiscales y reponiendo a los cesados sin que sobre ellos o su labor puedan hacerse reproches, disiparían la esta terrible sospecha, la peor de las sospechas, de que se les ha presionado y se les cesa por haber molestado al PP que, ahora sí, está sufriendo las consecuencias de su corrupción de años. Demasiadas molestias para salvar el culo de quien, como Pedro Antonio Sánchez, dice no haber cometido ningún deluto.

LA MANO, LA PATA Y LA PASTA

Que el Partido Popular se esfuerza en disfrazar la verdad o en disimular torpemente sus "pecados", como haría un colegial, que viene a ser lo mismo, no es ningún secreto. El lunes, el presidente de Murcia se descolgó con eso de que acudiría ante el juez para aclarar el feo asunto, añado yo, del auditorio de Puerto Lumbreras, como si aclarar y declarar fuesen sinónimos, como si el amor o los bienes pudiesen aclararse en vez de declararse. Ayer, los encargados de tratar de confundirnos con sus consignas de argumentario fueron Rafael Hernando, perfectamente coordinado con el coordinador Fernando Martínez Maillo, repitiendo casi al unísono que "no es lo mismo meter la mano que la pata", como si las acusaciones que pesan sobre Pedro Antonio Sánchez y otros como él fuesen simples errores y no las trampas a que nos tienen acostumbrados.

No es de recibo que pretendan hacernos creer que un alcalde, ministro o presidente de comunidad no sepan que hacen con el dinero de los contribuyentes ni, mucho menos, que no se rodeen de todo un ejército asesores que les indiquen qué pueden hacer, qué no y cómo. Pero, aun dando por buena la falta de malicia de los responsables de estos asuntos que acaban en los tribunales -yo tiendo ponerla en duda- lo que no estoy dispuesto a admitir es que los deslices de los políticos acaben por no tener consecuencias.

Esas decisiones, aunque sean simples errores sin mala intención, especialmente si tienen que ver con la caja, acaban repercutiendo en el bienestar de los ciudadanos, en su salud, en su educación o la de sus hijos, en su seguridad y en la asistencia que se debe a sus mayores. Así, por ejemplo, no puedo creer que un ciudadano de Puerto Lumbreras prefiera un auditorio municipal, pagado por encima de su coste y cerrado porque fue entregado por la constructora y recibido por el alcalde sin terminar, s disponer de aulas y profesorado para sus hijos o parques y residencias para sus mayores.

No. En estos asuntos no hay errores inocentes. Cuando se opta por la oferta más cara, por una oferta inverosímil o por recibir unas obras apresuradas, en las que lo único que parece importar es llegar a tiempo y cortar cintas o descubrir placas antes de las elecciones.

No puedo creer, por ejemplo, que el ministro de Fomento socialista José Blanco ola Xunta de Galicia sean inocentes y se vayan de rositas después de un accidente ferroviario, el del Alvia en Androis, con decenas de víctimas mortales, un accidente evitable si el tren y la vía hubiesen sido compatibles y las medidas de seguridad las precisas. Pero no. Había que cortar una cinta y llevar la alta velocidad o casi a Galicia antes de las elecciones.

Lo mismo que ocurrió con el tenebroso viaje del Yak 42, un avión inaceptable para traer a nuestros soldados a casa, viejo, mal mantenido, en manos de una tripulación agotada, cuyo único mérito fue el de ser el más barato y permitir a unos cuantos militares corruptos lucrarse, bajo la mirada no sé si cómplice de un ministro sin escrúpulos ni sentimientos.

Son sólo dos ejemplos, quizá los más descarnados, de que, en ocasiones, meter la pata puede ser tanto o más grave, casi criminal, que meter la mano en la caja, porque hay muchas maneras de lucrarse, no sólo llevándose la pasta, también deslumbrando a los vecinos con un auditorio caro e inútil, con un tren sin las medidas de seguridad exigibles o con un avión asesino. En ocasiones, sobre todo cuando el que lo hace ha sido elegido para gestionar lo de todos, meter la pata en asuntos de pasta puede llegar a ser más grave que meter la mano en la caja, pese a lo que diga el pulcro Albert Rivera, autor al parecer de la frase prestada al PP.

APLAZAR LA VERDAD

Todos lo hemos hecho alguna vez. Quién no se ha escondido alguna vez de la realidad inapelable y dolorosa, aplazándola. Lo hacen los niños que fingen estar enfermos para no tener que ir al colegio que temen o que no les gusta. Lo hacen los estudiantes que renuncian a presentarse a exámenes para los que no se sienten preparados y lo hacen, es evidente, todos los partidos que aplazan la verdad que les incomoda, disfrazándola una y otra vez, a la espera de que un resultado electoral les "indulte" de sus pecados. Lo hacen todos, pero, si hay que buscar un especialista, el especialista es, sin duda, el Partido Popular.

No hay, no ha habido, en España un partido político que haya acumulado tantos asuntos y tan graves en los juzgados como los acumula el PP. Y, si esto es así, es porque el partido de Aznar y Rajoy se ha especializado en aplazar, mediante recursos, aforamientos, desaforamientos y otras triquiñuelas jurídicas "made in Trillo", casi todos los asuntos que tiene en los juzgados. Lo ha hecho con el caso "Gürtel" que, a la espera del recurso ante el Supremo, lleva ya nueve años en los juzgados y lo hace con cualquier otro asunto que ponga en peligro sus gobiernos y a los hombres y mujeres que los encarnan, Sin embargo, en ocasiones, ese afán protector ha llevado a poner en entredicho al quienes como el propio Rajoy se han visto obligados a empeñar su palabra para alcanzar un gobierno que las urnas, por fin, les habían negado.

Rajoy, para apuntalar su permanencia en La Moncloa, se vio obligado a aceptar el trágala que le impuso un Ciudadanos crecido, entre otras cosas, porque tenía los diputados que el PP necesitaba para formar gobierno, un trágala que se materializo, entre otros muchos, en el compromiso de forzar la dimisión de sus cargos públicos en el momento en que fuesen llamados por un juez a declarar como investigados, léase imputados.

Le acaba de ocurrir al presidente murciano con asuntos pendientes ya desde su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras que, pese a esa hipoteca, fue incluido en las listas a las autonómicas, las ganó sin mayoría absoluta y se vio obligado, como Rajoy, a firmar su propio trágala con Ciudadanos o, lo que es lo mismo, aplazó unos meses la verdad procesal de la primera imputación de las que le esperaban, en esta ocasión por la adjudicación irregular de un auditorio municipal ruinoso que recibió de los constructores sin estar terminado.

Pero no temáis, no. A Pedro Antonio Sánchez, que así se lama el señor presidente, no le preocupa el asunto, no le preocupa el asunto ni le preocupa la verdad. No le preocupan, porque, aunque se trate de hechos palpables, las palabras se pueden disfrazar y, por más tajantes que fuesen las condiciones que le impuso Ciudadanos, siempre se pueden encontrar fisuras y vericuetos por los que escabullirse de lo firmado, que no fue otra cosa, él mismo lo dijo, que marcharse si el juez le llamaba a declarar como investigado.

Demasiados obstáculos los que viene dejando el PP en su camino, como para poder gobernar aquí y allá sin sobresaltos, demasiados campos de minas como para encontrar candidatos sin pasado, con la conciencia tranquila y sin hipotecas. Quizá por eso Rafael Catalá, el más marrullero de los ministros de Justicia que ha tenido este país, ha identificado al enemigo que, para él, no es otro que todos esos fiscales empeñados en cumplir con su deber de identificar delitos y delincuentes, sean estos quienes sean, y, para combatir a ese enemigo, que quiere llevar al banquillo al mismo presidente de Murcia por ser una pieza del "caso Púnica" y que ya vapuleó en las ondas la pasada semana, ha emprendido, de la mano del fiscal general que debería ser del Estado, pero parece sólo suyo, una purga por la que se va a descabezar la carrera fiscal, especialmente allá donde es más díscola o incontrolable.

Su amigo Pedro Antonio puede estar tranquilo, el ministro vela por su tranquilidad, porque seguro que ya le ha buscado, como hizo en el reciente congreso del partido, para comunicárselo. Lo que no saben uno y otro es que la verdad es contumaz y que, por más que se disfrace, la mentira tiene las patas cortas, Así que, a aplazar la verdad, a aguantar dos años más en el cargo para que las urnas le absuelvan, como vienen absolviendo a sus compañeros de partido y castiguen, dejándoles sin fuerza para hacer cumplir lo firmado, a sus socios de Ciudadanos.

LA JUSTICIA, UN MUNDO RARO

Qué destina esta foto de la hermana del rey y su marido, saliendo del tribunal, de esas otras a las que nos tenía acostumbrados el HOLA.  Habrá quien piense y con razón que esa y otras fotos parecidas, dentro y fuera de los juzgados y el tribunal donde se celebró el juicio son ya por sí mismas un gran triunfo de la Justicia y que lo son, o sólo por un malsano espíritu de venganza, una satisfacción para ese rebelde republicano que, en mayor o menor medida, muchos españoles llevamos dentro. Pero no sólo por eso, en absoluto, porque no debemos olvidar que esas fotos son, de alguna manera, el trofeo, decir botín le restaría dignidad, de una larga batalla, en la que ha quedado demostrado que la Justicia, hoy con más mayúsculas que nunca, antes o después alcanza a todo el mundo.

Se lo debemos a un juez "de provincias", el cordobés José Castro, que desde su juzgado mallorquín tiró de todos los hilos de un caso, el Palma Arena, hasta dar con la familia real, sin "arrugarse" ante el hallazgo y soportando contra viento y marea todas las presiones y han sido muchas que ha tenido que soportar dentro y fuera de su juzgado, incluida esa incomprensión del fiscal del caso que ha preferido creer en una infanta incauta enredada "por amor" en los chanchullos de su esposo antes que reconocer que la infanta, con una excelente educación pagada por todos y cada uno de nosotros, es una persona adulta, preparada y responsable incapaz de firmar nada que no conociese, consciente de que el lujo de que disfrutaba tenía un origen lícito y celosa de que su marido no comprometiese el buen nombre de su familia, abusando de su posición como yerno entonces y cuñado hoy del rey de España.

A menos de dos horas de que la sentencia del caso Noós, el nombre de la fundación empresa con que Iñaki Urdangarín se "forró" y que leído suena como ese plural mayestático tan querido de las casas reales de otra Europa y otro tiempo, prefiero no conocer todas y cada una de las penas impuestas a los condenados y lo prefiero porque, sinceramente, me basta con haber llegado hasta aquí, me conformo con haber podido ver a un ministro, a militantes y cargos del PP y a una infanta de España con su marido y el socio de éste sentados en el banquillo de los acusados y respondiendo o delatándose con su silencio a las preguntas del tribunal.

Me reconforta, especialmente un día después de haber asistido al lamentable espectáculo de tener que escuchar como un ministro, un ministro de ese mismo reino del que Cristina de Borbón es infanta, criticaba sin piedad y sin rubor y amenazaba veladamente a las dos fiscales, de "base" remarcó no sin desprecio el ministro Catalá, por haber osado proponer la investigación, que es como se denomina hoy la imputación, del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por intentar sin conseguirlo, contratar un servicio para mejorar su reputación en la red con una empresa ligada a la red Púnica "montada" por el que fuera número dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, hoy y desde hace más de dos años en prisión como responsable y creador del entramado corrupto.

El ministro, Rafael Catalá, que llegó a la cartera de Justicia desde la secretaría general de una de las empresas punteras del sector del juego en España, se la jugó, porque nunca un ministro de Justicia había osado en España mostrar tantos comportamientos ilegales en España, porque, con su cara de empollón, descargó toda su ira contra quienes sólo cumplían con su deber, sino que pasó por alto el hecho de que el presidente murciano tuviese conocimiento del criterio no hecho público de cuatro magistrados del Supremo sobre su caso.

Está claro que al Gobierno no le gusta ver a sus amigos en el banquillo, sean o no condenados por el tribunal, y que están dispuestos a todo antes de consentirlo y que lo de ayer no fue más que un aviso para navegantes, para que nadie ose "jugarse" la carrera, sentando o proponiendo sentar a los amigos del gobierno ante un tribunal. Por eso tiene más mérito aún si cabe la perseverante y discreta labor del juez Castro, del que. sin duda, quienes desde ese "mundo raro" que es el de la Justicia, creen más en ella y la cuidan más que defienden y "cuidan" su propia carrera.