LA PEOR DE LAS SOSPECHAS

No puede haber en democracia peor sospecha que la de que uno de los pilares de Estado de Derecho, el de la Justicia igual para todos e independiente no es tal y, por desgracia, esa sospecha acaba de instalarse en la conciencia de quienes creemos en la división de poderes que hace fuerte al Estado y a los ciudadanos. Una situación y una alarma que, salvadas las distancias, evoca los tiempos oscuros en los que, en Italia, se persiguió hasta su muerte en atentado a los jueces Falcone y Borsalino por haber osado llevado ante la ley a los capos de la Mafia.

Ayer, como otros muchos, me fui a la cama con la noticia de que el Fiscal General del Estado, el que fuera magistrado del Supremos, tribunal en  el que se significó por su animadversión contra el ex juez Baltasar Garzón, cuya inhabilitación por su instrucción de los crímenes del franquismo defendió ante la sala que finalmente acabó con su carrera, había emprendido una cruzada contra todos esos fiscales que se habían significado en la persecución de los delitos de corrupción, especialmente contra el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, toda una figura de prestigio internacional por su trabajo contra el terrorismo yihadista y de ETA y, ahora, contra la corrupción, y, con él,  el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que había tenido la osadía de dar su visto bueno a la investigación del caso Auditorio, en la que se acaba de llamar a declarar ante el juez a Pedro Antonio Sánchez, presidente por el Partido Popular de Murcia.

Resulta evidente que hasta ahora la corrupción no había pasado factura al partido responsable, gracias a la aviesa Ley del Suelo aprobada en los tiempos de Aznar en el Gobierno, de los mayores desmanes urbanísticos. Quizá por ello no se había hecho necesaria la demostración de fuerza que ha exhibido el fiscal general contra sus subordinados más significados en el progresismo. Tan evidente como que no son casuales los repetidos robos, con allanamiento incluido, que ha sufrido en los últimos meses el más inmediato colaborador del fiscal, robos en los que ha desaparecido su ordenador portátil y nada más, a pesar de que en el domicilio había dinero y objetos de valor. Algo que puede interpretarse como un intento de hacerse con el material investigado o, salvando también las distancias, como un aviso, similar a aquella cabeza de pura sangre que los Corleone dejan en la cama del productor que se negaba a contratar al protegido de la "familia".

Ojalá sean sólo sospechas y tanto el fiscal general José Manuel Maza como el ministro de Justicia Rafael Catalá puedan dar una explicación coherente y tranquilizadora a lo que está ocurriendo, porque lo anterior, sumado a la vergonzante injerencia del ministro, "vapuleando" a las fiscales que investigaron al presidente Sánchez y manejando en público información y opiniones que deberían ser discretas, sumado a las presiones directa que están sufriendo el cesado Manuel López Bernal y sus familiares, resucitando contra ellos asuntos, como la tala de árboles, presuntamente protegidos, en su finca, ocurrida hace treinta y tantos años y, supongo que rebuscando en su basura, sus armarios y sus cajones.

Presiones y acosos que, pese a haber sido denunciadas ante la Fiscalía General y la Delegación del Gobierno no han sido investigadas, tal y como daba a entender el fiscal Bernal en la sobrecogedora entrevista que daba esta mañana a Pepa Bueno en la Cadena SER, no han sido investigadas ni, mucho menos, corregidas, De momento y, tras la emisión de la entrevista, el grupo socialista en el Congreso ha solicitado la comparecencia inmediata ante el Parlamento de los ministros de Justicia e Interior, del Fiscal general del Estado y del propio cesado y acosado fiscal Bernal.

Sólo espero que las comparecencias solicitadas por Antonio Hernando sirvan para algo más que para que unos y otros se tiren los trastos a la cabeza y que, de ellas o de sus consecuencias, salga el firme propósito de reforzar y proteger a quienes, desde sus puestos de trabajo, llevan a cabo tan importante labor de protección de nuestros derechos y bienes.

Únicamente dejando trabajar a los fiscales y reponiendo a los cesados sin que sobre ellos o su labor puedan hacerse reproches, disiparían la esta terrible sospecha, la peor de las sospechas, de que se les ha presionado y se les cesa por haber molestado al PP que, ahora sí, está sufriendo las consecuencias de su corrupción de años. Demasiadas molestias para salvar el culo de quien, como Pedro Antonio Sánchez, dice no haber cometido ningún deluto.

APLAZAR LA VERDAD

Todos lo hemos hecho alguna vez. Quién no se ha escondido alguna vez de la realidad inapelable y dolorosa, aplazándola. Lo hacen los niños que fingen estar enfermos para no tener que ir al colegio que temen o que no les gusta. Lo hacen los estudiantes que renuncian a presentarse a exámenes para los que no se sienten preparados y lo hacen, es evidente, todos los partidos que aplazan la verdad que les incomoda, disfrazándola una y otra vez, a la espera de que un resultado electoral les "indulte" de sus pecados. Lo hacen todos, pero, si hay que buscar un especialista, el especialista es, sin duda, el Partido Popular.

No hay, no ha habido, en España un partido político que haya acumulado tantos asuntos y tan graves en los juzgados como los acumula el PP. Y, si esto es así, es porque el partido de Aznar y Rajoy se ha especializado en aplazar, mediante recursos, aforamientos, desaforamientos y otras triquiñuelas jurídicas "made in Trillo", casi todos los asuntos que tiene en los juzgados. Lo ha hecho con el caso "Gürtel" que, a la espera del recurso ante el Supremo, lleva ya nueve años en los juzgados y lo hace con cualquier otro asunto que ponga en peligro sus gobiernos y a los hombres y mujeres que los encarnan, Sin embargo, en ocasiones, ese afán protector ha llevado a poner en entredicho al quienes como el propio Rajoy se han visto obligados a empeñar su palabra para alcanzar un gobierno que las urnas, por fin, les habían negado.

Rajoy, para apuntalar su permanencia en La Moncloa, se vio obligado a aceptar el trágala que le impuso un Ciudadanos crecido, entre otras cosas, porque tenía los diputados que el PP necesitaba para formar gobierno, un trágala que se materializo, entre otros muchos, en el compromiso de forzar la dimisión de sus cargos públicos en el momento en que fuesen llamados por un juez a declarar como investigados, léase imputados.

Le acaba de ocurrir al presidente murciano con asuntos pendientes ya desde su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras que, pese a esa hipoteca, fue incluido en las listas a las autonómicas, las ganó sin mayoría absoluta y se vio obligado, como Rajoy, a firmar su propio trágala con Ciudadanos o, lo que es lo mismo, aplazó unos meses la verdad procesal de la primera imputación de las que le esperaban, en esta ocasión por la adjudicación irregular de un auditorio municipal ruinoso que recibió de los constructores sin estar terminado.

Pero no temáis, no. A Pedro Antonio Sánchez, que así se lama el señor presidente, no le preocupa el asunto, no le preocupa el asunto ni le preocupa la verdad. No le preocupan, porque, aunque se trate de hechos palpables, las palabras se pueden disfrazar y, por más tajantes que fuesen las condiciones que le impuso Ciudadanos, siempre se pueden encontrar fisuras y vericuetos por los que escabullirse de lo firmado, que no fue otra cosa, él mismo lo dijo, que marcharse si el juez le llamaba a declarar como investigado.

Demasiados obstáculos los que viene dejando el PP en su camino, como para poder gobernar aquí y allá sin sobresaltos, demasiados campos de minas como para encontrar candidatos sin pasado, con la conciencia tranquila y sin hipotecas. Quizá por eso Rafael Catalá, el más marrullero de los ministros de Justicia que ha tenido este país, ha identificado al enemigo que, para él, no es otro que todos esos fiscales empeñados en cumplir con su deber de identificar delitos y delincuentes, sean estos quienes sean, y, para combatir a ese enemigo, que quiere llevar al banquillo al mismo presidente de Murcia por ser una pieza del "caso Púnica" y que ya vapuleó en las ondas la pasada semana, ha emprendido, de la mano del fiscal general que debería ser del Estado, pero parece sólo suyo, una purga por la que se va a descabezar la carrera fiscal, especialmente allá donde es más díscola o incontrolable.

Su amigo Pedro Antonio puede estar tranquilo, el ministro vela por su tranquilidad, porque seguro que ya le ha buscado, como hizo en el reciente congreso del partido, para comunicárselo. Lo que no saben uno y otro es que la verdad es contumaz y que, por más que se disfrace, la mentira tiene las patas cortas, Así que, a aplazar la verdad, a aguantar dos años más en el cargo para que las urnas le absuelvan, como vienen absolviendo a sus compañeros de partido y castiguen, dejándoles sin fuerza para hacer cumplir lo firmado, a sus socios de Ciudadanos.