NO VAN A SU CASA

Por más que algunos se empeñen, el inmediato traslado de los políticos catalanes presos en cárceles madrileñas a otras situadas en Cataluña, más cerca de sus domicilios y de sus familiares y amigos no es un privilegio, ni siquiera es una concesión que se haya hecho a los partidos independentistas que apoyaron la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. No lo es, salvo que se considere una concesión poner fin a una situación que en sí suponía un castigo innecesario a quienes bastante castigo tienen ya después de más de seis meses de prisión provisional a la espera de un juicio que, sea cual sea el veredicto, resultará cuando menos polémico, más si se tiene en cuenta que el tribunal estará bajo la lupa de organizaciones de derechos humanos y de la prensa de medio mundo.

Personalmente, tengo claro que el alejamiento de los presos de sus domicilios es un castigo. Lo sé porque me tocó vivir como periodista durante el mandato de Felipe González, con Enrique Mújica como ministro de Justicia y Toni Asunción, que luego fuera ministro del Interior, como director general de prisiones, la puesta en marcha de la dispersión de presos etarras, concentrados hasta ese momento en dos grandes prisiones, en lo que no dejaba de ser un grave error de estrategia por parte del gobierno, porque transmitía la idea de que se trataba de presos políticos y porque propiciaba el control del colectivo de presos y de sus familiares por parte de la organización terrorista.

Mantenerlos alejados de Euskadi, aunque fuese juntos, era de por sí un castigo innecesario que, lejos de ablandarles y llevarles hacia el arrepentimiento, les ponía bajo la disciplina de ETA, que dirigía sus pasos en prisión, impidiéndoles, incluso, acogerse a los beneficios penitenciarios, al tiempo que convertía a sus familiares en rehenes de la banda, dependientes de la misma para cualquier contacto con sus presos.

Asunción, ayudado y asesorado por el PNV, lo tuvo claro y diseño un plan de dispersión de los presos etarras en el que la soledad y la distancia a sus hogares sí eran un castigo añadido para los líderes más irreductibles del colectivo, mientras que el traslado a prisiones cerca de Euskadi era, si no un premio, sí un camino hacia el tercer grado para quienes habían mostrado su distanciamiento de la disciplina de la banda, aligerando el peso de una de las dos condenas que tenían encima, la que les habían impuesto sus propios compañeros.

No es el mismo caso que el de los líderes catalanes que van a ser trasladados a prisiones dependientes de la Generalitat, pero, como PP y Ciudadanos se han empeñado en meter en el mismo caso estos traslados y los que, en cumplimiento de la ley, se llevarán a cabo con los presos etarras a los que aún les quedan penas que cumplir, y se han empeñado en hacerlo porque, con ello y utilizando de nuevo al colectivo de víctimas, soliviantan a la sociedad y la predisponen, sin más explicaciones, contra el gobierno de Sánchez.

Digo esto porque, desde que, en los ochenta, me ocupaba de seguir para la Cadena SER, los asuntos relacionados con el ministerio del Interior, he asistido una y otra vez a esta misma ceremonia de confusión, en la que quienes, con Aznar en el Gobierno, trasladaron de un sólo plumazo y sin más explicaciones a decenas de presos de lo que se atrevieron a llamar Movimiento Vasco de Liberación, se atreven a tildar  de moneda de cambio lo que no es más que un derecho de cualquier preso en este país.

No, los líderes presos a la espera de juicio no van a su casa, van a prisiones que están a unas decenas de kilómetros de sus hijos, parejas, amigos y abogados. Va a "gozar" del mismo derecho a estar cerca de casa que tiene cualquier otro preso. Van, eso sí, a prisiones dependientes de la Generalitat de la que alguno de ellos formó parte, pero eso, si realmente se cree en la democracia y se confía en el Estado que nos hemos dado, no debiera preocupar a nadie. No van a su casa, van a una prisión, y una prisión, por más comodidades que tenga, que se lo digan si no a Urdangarín siempre es una prisión.