No me cabe duda de que, afortunadamente, no hay dos jueces iguales. Es verdad que se les puede ver juntos cuando salen a comer o a tomar un tentempié a media mañana a alguna de las cafeterías que siempre hay, como siempre las hay cerca de los hospitales, cerca de los juzgados. Sin embargo, estoy convencido de que sus conversaciones tienen más que ver con el fútbol, la actualidad general o los asuntos de la carrera judicial, que con los casos que manejan en su juzgado. Y eso, como digo, es bueno, debe serlo, para la deseable y proverbial ceguera que se espera de la justicia. No se estaríamos hablando de otra cosa que de la independencia de cada instructor en su juzgado, de ese criterio que se espera de los jueces, para que no se dejen influir por nada ni por nadie a la hora de tomar sus decisiones. Pero eso, que es bueno, puede llevar a situaciones que rozan la paradoja, cuando no el absurdo puro y duro.
Qué puede haber sido, si no, lo que ha propiciado que en apenas cuarenta y ocho horas una juez sevillana, la ya famosa Mercedes Alaya, haya pedido casi treinta millones de euros a la ex ministra de Zapatero y ex consejera de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, por el caso de los ERE, elevando las fianzas que ya lleva pedidas a los diferentes imputados, haya sido revocada o no la imputación, muy por encima del total de lo presuntamente estafado, en tanto que el juez Ruz, de la Audiencia Nacional, apenas dos días después, tomaba la decisión de archivar la causa que estaba instruyendo contra el presidente y varios consejeros de Cajamadrid por la venta, aparentemente irregular, si no fraudulenta de preferentes a centenares de miles de clientes, porque, en opinión del juez, de las declaraciones de los imputados no se desprende que quisieran con ella atrapar el dinero de los ahorradores para tapar el enorme agujero patrimonial que su mala gestión había dejado en la entidad.
Se fía Ruz, al parecer cándidamente, de la declaración de los imputados interrogados, pese a la existencia de correos electrónicos en el buzón corporativo que, como presidente de la entidad, manejaba Miguel Blesa, del que, por esos absurdos trasnochados de la ley, tendría que olvidarse en la instrucción. Una actitud muy distinta de la juez sevillana que o hace de su fino olfato y de sus convencimiento expresado por escrito en el auto de que la ex ministra será, con toda probabilidad, condenada. Reglamento y olfato, "cogérsela con papel de fumar judicial", frente a irrumpir como elefante en cacharrería, en contra incluso de instancias superiores, guiada, al parecer, por ese "alguien ha matado a alguien" del que hacía gala un personaje del gran Miguel Gila.
Por seguir con las comparaciones, recordemos que, en el caso que instruye la juez Alaya, estamos hablando de una malversación de fondos públicos, parecida en cierto modo a la que se ha detectado en Madrid con los fondos que destina la el gobierno que preside Ignacio González a la formación de los trabajadores, parte de los cuales, al parecer pertenecían a cursos inexistentes que se destinaban a pagar los abultados sueldos de los directivos de la patronal madrileña, uno de los cuales el hoy repudiado número dos de la misma fue detenido por ello.
Sólo espero que el juez que se encargue de instruir este asunto tenga el mismo olfato que su colega de los ERE y caiga en la cuenta, como he caído yo, de que, hace apenas unas semanas, la esposa del presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid, Lourdes Cavero, trabajaba como adjunta a la presidencia de la patronal madrileña, cobrando un sueldo mareante que "con toda probabilidad" podría haber salido de esos fondos de formación desviados, sin que el gobierno que preside su marido cayese, qué casualidad, en la cuenta.
Un círculo vicioso éste que, espero, no se le escape al juez al que le caiga el caso. Aunque, como hemos podido comprobar, hay jueces y jueces, cada uno con su propia pituitaria.
