Pido perdón de antemano a quienes puedan sentirse ofendidos
por ello, pero tengo la sensación de que para la derecha España es una especie
de empresa, de sociedad anónima, de cuyo consejo de administración forman
parta cada cierto tiempo para gestionarla como tal, como una empresa, pensando
en balances y beneficios y poco o nada en los ciudadanos que, al final, somos
quienes realmente configuran el Estado.
Convencidos de ello, tratan de administrar el país como han
venido administrando las fincas y las empresas de papá, recortando gastos y
despidiendo al personal superfluo y, en su opinión, costoso e innecesario. Raro
es que, hasta el momento, no hayan caído en la cuenta de que los ministerios y
cualquier otra administración pueden, si es que ya no lo están, dejarse en
manos de teleoperadores estratégicamente situados en países donde los salarios
son más bajos que en España.
Hoy me ha parecido escuchar que la nueva Ley de Régimen
Local, la misma que, al igual que ocurrió la semana pasada con la maldita ley
Wert, el gobierno se propone aprobar en solitario y me extraña que, salvo
honrosas excepciones, las calles de toda España no se vean salpicadas por
las protestas y manifestaciones que merecen el alejamiento, cuando no la
desaparición, de ventanillas y servicios de los ayuntamientos, ventanillas y
servicios que se trasladarán a las capitales o a municipios más
grandes.
No me extraña que a la derecha, y por desgracia no sólo a la
derecha, ahora que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria les priva de la
suculenta fuente de ingresos de las recalificaciones, les convenga que los
ayuntamientos se alejen lo más posible de los ciudadanos y, de paso, vaciarlos
de contenido, porque de alguna manera intuyen que cualquier cambio que se
produzca en el mapa político español surgirá, al igual que en la Transición,
desde el ámbito de la política municipal.
No deben gustarles a quienes desde hace años se dedican
profesionalmente a gestionar el país los resultados de las últimas elecciones
municipales en Portugal, donde los partidos "tradicionales" se han
visto, otra vez salvo honrosas excepciones, superados claramente por
independientes surgidos del descontento por los recortes y el empobrecimiento
por las medidas anti crisis del gobierno de Passos Coelho. Aunque otros
resultados, los de ayer en Francia, les vendrán muy bien para agitar el
fantasma del populismo ultra y devolver asó a las ovejas del descontento a los
rebaños del orden.
Pero, al margen de este interés en desactivar
cualquier renovación de la política en España, que, pese a que no seamos
conscientes de ello, a todos nos perjudica, lo grave de esta nueva ley es
que alejará de los ciudadanos, especialmente de los más desprotegidos, ancianos
aislados en pueblos pequeños o vecinos que, por falta de recursos o de
habilidades técnicas carezcan de acceso a las redes, la solución a sus
problemas.
No conozco en profundidad la nueva ley, pero todos los
comentarios a la misma que escucho o leo van en el mismo sentido y me
recuerdan a esas empresas, especialmente las del sector bancario que, una vez
captados los clientes cierra sus sucursales, obligando a hacer grandes
desplazamientos para cualquier gestión que, antes, se resolvía en la plaza del
pueblo. La banca ya lo está haciendo y, si esta ley entra en vigor sin
correcciones importantes, España pasará de ser un país a ser, España
S.A., una empresa fría y teleoperada.
